Caracas.

Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, condenó este miércoles la exacerbación de la violencia en protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tanto por la Guardia Nacional como por antichavistas. Más aún, informó que abrió siete investigaciones por los civiles detenidos que son juzgados en tribunales militares, en medio de cuestionamientos de grupos humanitarios que acusan al Ejecutivo de violar tratados internacionales y la Constitución.

Repudiamos la violencia venga de donde venga, declaró la fiscal durante una rueda de prensa, en la cual fustigó los abusos durante las manifestaciones de la oposición que empezaron hace 54 días.

Hasta este miércoles se reporta la muerte de 55 personas en las protestas, 52 civiles y tres elementos de las fuerzas de seguridad. También hay un millar de lesionados, 771 civiles y 229 uniformados, indicó la fiscal, quien subrayó que más de la mitad de los heridos los han provocado los cuerpos de seguridad.

Incluso responsabilizó a un oficial de la militar Guardia Nacional por la muerte de Juan Pernalete, de 20 años, durante una protesta en Caracas, tras ser impactado por una bomba de gas lacrimógeno.

Ortega consideró dantesco que opositores prendieran fuego a un hombre durante una movilización y calificó de vulgares los videos sobre este suceso, manipulados en beneficio de los grupos en pugna.

Añadió que también investiga siete casos de civiles que son juzgados por la justicia militar.

La fiscal imputó a 19 uniformados por la presunta comisión de delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica y privación ilegítima de la libertad, entre otros.

En respuesta, Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, acusó a la fiscalía de generar un clima de impunidad frente a hechos de violencia de la oposición. Denunció la existencia de bandas delincuenciales que atacan instalaciones militares a las que vincula con partidos de la derecha.

De este modo se profundiza la fisura entre la fiscal y el oficialismo. Ortega se distanció de la línea gubernamental desde que el Tribunal Supremo de Justicia asumió brevemente en marzo las competencias del Congreso, de mayoría opositora, por considerarlo una ruptura del orden constitucional. También ha expresado sus críticas a la Asamblea Constituyente convocada por el mandatario al estimar que agravará la crisis del país.

El presidente Nicolás Maduro, en tanto, amplió las funciones de la comisión que investiga los delitos ocurridos en las protestas opositoras, informó la canciller Delcy Rodríguez.

La comisión, encabezada por la funcionaria, determinará la verdad caso por caso, sin manipulaciones ni arbitrariedades.

Mientras, miles de opositores continuaron sus movilizaciones en Caracas, en rechazo a las decisiones del Consejo Nacional Electoral de tramitar la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente para julio y de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores.

Con chorros de agua, bombas lacrimógenas y balas de goma, las fuerzas de seguridad bloquearon a los manifestantes que intentaban llegar a la sede del CNE.