El Grupo Acerero del Norte y la empresa Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira Elizondo, reprimen a los trabajadores de la mina Hércules de Coahuila, quienes están en paro, e incluso suspendió el servicio de luz a la población donde está asentado el yacimiento, en Sierra Mojada; también, a los mineros que duermen en colectivos les quitó los servicios de comedor y agua, entre otros.

El Sindicato Nacional de Mineros calificó las acciones del grupo de Ancira Elizondo de terrorismo empresarial. Los obreros protestan porque desde el 15 de abril del año pasado la empresa se niega a reconocer un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que da la titularidad del contrato colectivo a este gremio, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Los mineros también demandan un justo reparto de utilidades e impugnan diversas violaciones contractuales. Por reclamar su libertad sindical, señalan, la empresa les quitó los servicios de agua, atención médica, comedor, Internet y guardería, y amenaza con desalojarlos de la mina con esquiroles de Monclova, así como con dejar de pagarles salarios.

Se extiende la protesta

Estas acciones tienen el fin de reprimir la protesta de los sindicalizados y castigar que no aceptan “un gremio charro”, sostuvo el sindicato, y expuso que además les quiere entregar pagos mezquinos de utilidades, muy por debajo de los que marca la Ley Federal del Trabajo, así como desconocer el laudo de la junta.

Indicó que la protesta en Hércules se extendió a El Mineral La Perla de Chihuahua, ambas, minas del mismo empresario.

El gremio subrayó el terrorismo contra los mineros de la sección 265, así como las medidas de venganza contra los trabajadores que ratificaron su permanencia histórica en el Sindicato Nacional de Mineros y “de ninguna manera adscribirse al gremio charro manipulado por el propio Ancira Elizondo”.

También refirió que los trabajadores abandonaron las labores en la mina Hércules en demanda de una solución justa desde el miércoles 17 de mayo; la postura de la empresa fue anunciada por Enrique Rivera, gerente del lugar.

La representación gremial responsabilizó a Ancira Elizondo y a Rivera de la violencia, así como por los daños a la vida de los obreros y hacia sus familias que se susciten y anunció que acudirán a las autoridades laborales federales y estatales para que se les haga plena justicia y eviten las agresiones y arbitrariedades del citado empresario.