En la Cámara de Diputados prevalece el interés de aprobar un pesado volumen de iniciativas de escasa relevancia, privilegiándo la cantidad por encima de la calidad. En el déficit que arrastra ese órgano están las minutas de desaparición forzada y violencia política, así como el análisis y discusión del dictamen de seguridad interior.

La ley de desaparición forzada está congelada desde hace años. Para elaborarla se convocó a foros a fin de que familiares de personas ausentes se informaran y opinaran. En la misma circunstancia se encuentra la minuta sobre violencia política.

En las entrañas del trabajo legislativo se ha denunciado a los asesores de los diputados, porque asumen el rol de éstos, discutiendo y cabildeando en los grupos de trabajo. En la Comisión de Transparencia, a estos consejeros sólo les falta votar, alertó Candelaria Ochoa, diputada por Movimiento Ciudadano.

“Los asesores del PRI tienen más autoridad para opinar que los propios legisladores, porque les dicen a los diputados cómo votar, qué hacer, qué decir, los están fiscalizando. Algo inusual es que algunos asesores del PRI quieran tener voz, cuando en realidad no se les ha dado o ha sido aprobado por el pleno de la comisión.

“No estamos en contra de que den luces a los diputados, pero los asesores cabildean con legisladores de otros partidos. No votan, pero casi quisieran hacerlo; sólo tienen la atribución de asesorar a sus diputados.

Que se discutan los temas que a la gente le importan. Los priístas siguen con la cantaleta de que son mayoría, pero eso es mentira. Ellos ya no son mayoría desde 1988, porque tendrían que serlo con 50 o 60 por ciento de los votos. Eso sí, compran a otros partidos, como el PVEM, Encuentro Social, Panal. Tienen a esos partidos para hacer lo que el PRI no hace: recoger votos con otra careta.

En el resto de esos grupos la producción de iniciativas de ley, reformas, dictámenes se ha reducido por la ausencia de sus integrantes. Esto se puso de manifiesto en el periodo ordinario de sesiones.

El promedio de asistentes al salón de plenos alcanzó los 400 (de un total de 500). El pico más alto de legisladores que votaron algún proyecto de decreto sumó 443.