A 10 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las acciones gubernamentales para encontrarlos y castigar a los responsables han sido nulas, a pesar de que existe la sentencia de un juez federal, denunció el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

En un mitin realizado ayer a un costado de la Catedral Metropolitana, miembros de dicho colectivo señalaron que esta falta de avances no es casual, sino parte de una estrategia de encubrimiento para dejar en la impunidad todos los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros abusos graves de derechos humanos.

Tras la desaparición forzada de Cruz y Reyes, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca –en la cual habrían participado militares y policías–, sólo hay avances jurídicos, pero ninguno que lleve a la localización de las víctimas, lamentó Susana Aguilar, integrante del FNLS.

En 2009, recordó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 7/2009, que reconoce que se cometió desaparición forzada e insta a los tres niveles de gobierno a dar con el paradero de los dos activistas, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR)como sus miembros.

Por otra parte, en 2014 el noveno tribunal colegiado del primer circuito dio a conocer una sentencia –la primera de su tipo en la historia de México– que también admite que ambos luchadores sociales fueron desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado y ordena buscarlos en cuarteles militares o cualquier otra instalación oficial a donde pudieron haber sido llevados.

Sin embargo, lamentó Aguilar, ni la recomendación de la CNDH ni el fallo del juez federal fueron acatados. Existen leyes y disposiciones, pero no voluntad para obedecerlas, porque es una política de Estado no tocar al Ejército ni a las fuerzas federales, y así los casos permanecen en la impunidad.

Aunque los familiares de Reyes y Cruz pretenden llevar el caso a organismos internacionales, no pueden hacerlo todavía, porque la última instancia local a la que podrían acudir es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal del país no puede atraer el expediente porque aún no hay una sentencia definitiva contra algún responsable.

En el mitin se denunciaron también una serie de agresiones contra miembros del FNLS, sobre todo en Chiapas, entre ellas la desaparición de Fidencio Gómez Sántiz, ocurrida en marzo de 2016; el intento de asesinato de cinco activistas en noviembre de 2015, y la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López y Humberto Morales Sántiz.