La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (Cedhj) afirma tener uno de los índices de resolución de quejas más alto del país, pero en realidad el organismo acumula en un solo expediente diversas quejas contra la misma autoridad, sin investigarlas en lo particular, lo que en los hechos margina a las víctimas del derecho a la justicia.

Así lo indicó un estudio del colectivo Acción por los Derechos Humanos, en el cual se documentó cómo los visitadores de la Cedhj se deshacen lo más pronto posible de los casos que les llegan, amparados en un artículo de su ley interna que los faculta para ello.

El análisis –del especialista Carlos Servín Ugarte– deja ver que en el informe anual 2014 de la comisión, de las casi 13 mil quejas recibidas ese año, el organismo decía haber archivado 2 mil y solucionado 9 mil, la mayoría por acumulación.

En el informe 2015 se repetía ese patrón. De acuerdo con la comisión, había recibido más de 15 mil 600 quejas, de las cuales 12 mil 600 fueron acumuladas.

Al revisar en qué consistía dicho recurso, se halló que el artículo 86 del reglamento interno de la Cedhj asienta que de recibirse quejas por hechos u omisiones atribuidas a la misma autoridad o servidor público de los cuales ya exista una investigación de la comisión, se ordenará su acumulación al expediente más antiguo.

De acuerdo con Servín, la redacción de ese artículo fue modificada en 2004 de forma alevosa, lo cual se presta para que los visitadores descarten de inmediato miles de casos ante la carga de trabajo del organismo y su burocratización.

Esa forma de actuar, generalizada en al menos tres de las seis visitadurías de la Cedhj, implica renunciar al estudio de cada caso en lo individual y violar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, bajo el pretexto de que el trabajo de los visitadores tiene límites legales.

Macrorrecomendación

Este procedimiento mecánico, burocrático y deshumanizado se justifica con la idea de que al acumularse casos contra la misma institución, en algún momento habrá una gran investigación o una macrorrecomendación del organismo dirigido por Felipe Álvarez Cibrián desde 2007.

Por lo anterior, Acción por los Derechos Humanos exhortó al Poder Legislativo a ordenar una exhaustiva auditoría legal, sociológica y del diseño de la institución, sus procedimientos y actuación de los servidores públicos desde 2004 a la actualidad.