Mañana se reunirán en la capital del país los secretarios de Gobierno de todas las entidades del país para iniciar la elaboración de un protocolo y atlas de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos. Será necesario crear unidades en cada estado y dotarlas de recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes a fin de atajar las agresiones a esos grupos.

La estrategia en construcción a escala nacional tomará como base el mecanismo federal de protección, el cual –a su vez– fue creado con base en el modelo Colombia y con el apoyo de organismos civiles, Iniciativa Mérida (México-Estados Unidos) y Unión Europea con Freedom House.

La reunión, a efectuarse en la Secretaría de Gobernación (SG), se deriva de los compromisos del gobierno federal y estatales para crear un mecanismo nacional para encontrar soluciones a esta problemática.

Esta revisión y trabajo de funcionarios públicos es consecuencia de la ola violenta contra comunicadores y defensores. Tan sólo en 2017 han sido asesinados seis reporteros, entre ellos el escritor y corresponsal de La Jornada Javier Valdez, quien fue ejecutado el lunes pasado en Culiacán, Sinaloa.

Los responsables de generar la estrategia analizan mecanismos regionales y protocolos internacionales en la materia. Por ejemplo, Amnistía Internacional advirtió en su más reciente investigación las carencias del actual mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos.

Tras un recuento de las herramientas disponibles en Colombia, Honduras, Guatemala y México, señala que existen carencias en este mecanismo (aquí se conjuntan los defensores y periodistas) especialmente porque el país no cuenta con medidas estructurales para brindar un entorno seguro y atajar la impunidad.

El mecanismo, creado el 12 de noviembre de 2012, opera con recursos humanos y materiales de nivel federal, a fin de atender las consecuencias de un ambiente violento contra estas personas.

“A pesar de varias mejoras, como la implementación de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, así como un importante proceso de formación para el personal que trabaja en el mecanismo, sigue habiendo muchos desafíos.

Uno de los principales motivos de preocupación de la sociedad civil de México es la inexistencia de una política pública integral de protección coordinada en los ámbitos federal y estatal, especialmente en el contexto de la creación de nuevos mecanismos en los estados, se indica en el reporte de (AI).

Y es precisamente ese reto el que se analizará este lunes en Gobernación, a partir de dos grupos de entidades; uno sesionará en la mañana y el otro en la tarde.

El mecanismo, agrega AI, debe desempeñar funciones en un contexto de violencia cada vez mayor. Entre octubre y diciembre de 2012 y principios de 2017 se presentaron 388 solicitudes de protección.

Como se informó esta semana, las principales agresiones a periodistas son amenazas generadas en los propios gobiernos; de octubre de 2012 a abril pasado, 14 comunicadores y activistas han sido secuestrados; 118 agredidos físicamente, y 318 amenazados.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SG, dijo que la primera etapa es generar un atlas de riesgo de cada estado y generar políticas públicas y estrategias homologadas a escala nacional para minimizar estos desafíos.