La legislación que sanciona la violencia política contra mujeres está detenida en la Cámara de Diputados por el Revolucionario Institucional (PRI), con la intención de que no opere en la presidencial de 2018, denunciaron senadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Consideraron hipócrita la actitud de los priístas, quienes buscan hacer a un lado al aspirante del PAN en Coahuila, Guillermo Anaya, por su expresión misógina contra lideresas del tricolor, pero impiden que se apruebe la ley contra la violencia de género.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, sostuvo que es muy grave que en esa cámara esté congelada esa norma aprobada el año pasado, la cual permite fincar responsabilidades a quienes incurren en distintas formas de violencia política de género, tanto en contiendas políticas, cuando asumen cargos de representación popular o la afectar los derechos de las mujeres.

La legisladora perredista explicó que esa ley, derivada de la reforma electoral de 2014, se aprobó en el Senado después de muchos esfuerzos y dificultades, con el impulso de figuras priístas, pero está frenada en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, que preside una legisladora del PRI.

Pensamos que hay un doble juego del PRI, ya que en San Lázaro echa por la borda años de trabajo y de consenso para conformar un marco jurídico para enfrentar lo más crudo del machismo, ese que busca desde todos los espacios impedir que las mujeres ocupen los espacios de poder que les corresponden.

La senadora De la Peña insistió en que es alevosa esa actitud al frenar, sin explicar por qué, la reforma a cinco leyes que sancionan la violencia política contra las mujeres, con el fin de que no opere en la presidencial de 2018, toda vez que la ley electoral señala que todo cambio en la materia debe entrar en vigor 90 días antes del arranque del proceso, que se inicia el 2 de septiembre. Agregó que por ello el PRD planteó ante la Comisión Permanente que se llame a un periodo extraordinario, para que la Cámara de Diputados vote esa legislación y se promulgue antes del 2 de julio.