La amenaza proveniente de instancias gubernamentales o de autores no identificados (posiblemente criminales) ha sido la principal agresión a periodistas y defensores de derechos humanos desde la creación del mecanismo de protección para estos grupos, en 2012, cuando el actual gobierno mantuvo la guerra al narcotráfico.

La principal agresión a periodistas y activistas es la amenaza, seguida de agresión física y secuestro.

En el caso particular de los periodistas, en los casi cinco años de la operación de esta herramienta coordinada por la Secretaría de Gobernación, de 257 afectados, nueve sufrieron secuestro o privación de la libertad; 79 agresión física y 169 amenaza.

Este mecanismo tiene distintos niveles de apoyo: escolta, seguridad a inmuebles y bienes físicos; dotación de aparatos de telecomunicación; botón de pánico (un artefacto parecido a un llavero para comunicarse directamente con instancias de seguridad); patrullajes, gestiones, reparto de manuales de autoprotección y apoyo para presentación de denuncias.

Igualmente se danmedidas de infraestructura que significan cámaras de vigilancia, alarmas, sensores, cerraduras de alta seguridad, entre otras, así como micas para cristales, luminarias y cercas electrificadas.

Actualmente, en la clasificación de medidas ordinarias, 17 periodistas tienen escolta; 66 botón de pánico y a 40 se les provee de patrullajes en sus domicilios. Y, en las reacciones extraordinarias, el más reciente informe del mecanismo indica que 31 periodistas cuentan con escolta y 244 con botón de pánico.

El mecanismo enfrentaba hasta la semana pasada incertidumbre operativa por insuficiencia de recursos.

Tras la ola violenta en contra de comunicadores (tan sólo este año han asesinado a siete periodistas) y defensores de diversas causas sociales, el gobierno federal autorizó una partida de 40 millones de pesos para atender los requerimientos de 538 personas en riesgo, actualmente beneficiarias del mecanismo.

Estos recursos adicionales no son del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino un auxilio extraordinario, acordado en el gobierno federal el pasado miércoles para hacer frente a uno de los periodos de mayor rudeza.

Según información gubernamental, la Secretaría de Hacienda enviará los 40 millones al fideicomiso del mecanismo, el cual ha trabajado este año sólo con remanentes de esa bolsa.

Por la vía del Presupuesto de Egresos de la Federación, el mecanismo no recibió recursos para 2017, pero ante la coyuntura actual, las autoridades hacendarias han prometido asignar presupuesto para el año entrante.

Desde octubre de 2012 a abril de 2017, han sido presentadas 513 solicitudes de incorporación al mecanismo, de las cuales fueron admitidas 429. La mayoría, por el factor de residencia de comunicadores y defensores, se ubican en Ciudad de México, seguida de Veracruz, Guerrero y el estado de México.

Al hacer la suma de personas y colectivos beneficiarios, el recuento es de 696, de las cuales tienen vigente el apoyo 538 (196 periodistas y 342 defensores).

Ahora, las entidades con mayor número de casos son Ciudad de México, estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. Y donde no se han presentado ningún caso son Durango y Nayarit.

Sobre la situación específica de los periodistas, de los 196 mil 35 son de Ciudad de México, 31 de Veracruz, 15 de Guerrero, 11 de Tamaulipas y nueve de Coahuila, se indica en el más reciente reporte, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación.