Zinacantepec, Méx.

Organizaciones campesinas manifestaron ayer su respaldo a Delfina Gómez Álvarez, candidata del partido Morena a la gubernatura, quien, aseguraron, puede terminar con casi 90 años de corrupción e impunidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, dirigentes de El Barzón, de la Central Campesina Cardenista, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José Dolores López, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Michoacán y de la Unión Campesina Democrática pidieron además al aspirante perredista, Juan Zepeda, declinar en favor de Gómez Álvarez.

La candidata advirtió que responderá cada uno de los señalamientos que le han hecho sus rivales del PRI, Alfredo del Mazo Maza, y del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, porque carecen de calidad moral para hacer cualquier reclamación.

Agregó que con quien sí está comprometida es con los ciudadanos. No se preocupen, pues yo jamás he tomado un solo centavo que no sea producto de mi trabajo y de mi esfuerzo, dijo ayer durante un mitin en Zinacantepec.

Priístas y panistas han acusado a Delfina Gómez de haber descontado 10 por ciento de sus salarios a más de 200 trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando ella era la alcaldesa, y desviar el dinero recaudado a una cuenta personal del entonces tesorero del ayuntamiento, Alberto Martínez Miranda, hermano de Higinio Martínez, actual presidente municipal de Texcoco, considerado padrino político de Gómez Álvarez.

“Ya todo eso lo aclaré. Están tan preocupados y nerviosos porque saben que van a perder el poder y han querido difamar a mi persona con mentiras, con ataques, pero les digo que no me voy a detener en ello. Tengo mi conciencia tranquila. Quieren hacer parecer que todos somos iguales y eso no es cierto. Delfina no es igual a ellos, apuntó.

La candidata de Morena reiteró que el PRI puso en marcha una operación para desalentar el voto. Militantes u operadores del tricolor, agregó, pasan a domicilios de electores a ofrecerles 3 mil pesos por sus credenciales para votar. Eso no sólo es perverso, es anticonstitucional. Se aprovechan de la pobreza y la necesidad de la gente, dijo.