Decenas de tzotziles del grupo de 241 desplazados hace casi un año de Chenalhó, Chiapas, marcharon ayer en San Cristóbal de las Casas para exigir al gobierno estatal una mesa de diálogo encabezada por alguien que conozca su cultura, y de preferencia indígena, para resolver el conflicto poselectoral que comenzó el 19 de julio de 2015.

Marcharon del templo de Guadalupe a la plaza Catedral, donde el director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik (Lo nuestro), Diego Cadenas Gordillo, leyó una carta dirigida al gobernador Manuel Velasco Coello, en la cual le informaron que no acudirían a la reunión de ayer porque serían atendidos por un funcionario de cuarto nivel.

Recordaron que los 241 indígenas que fueron expulsados el 26 de mayo de 2016 del ejido Puebla, Chenalhó, a consecuencia de la disputa por el ayuntamiento entre la alcaldesa Rosa Pérez Pérez y el síndico Miguel Sántiz Álvarez, siguen refugiados en esta ciudad.

Hemos exigido al gobierno del estado justicia para los deudos de Guadalupe Cruz Hernández (asesinado el 26 de mayo), libertad para los presos Javier y José Cruz, reparación de los daños materiales e inmateriales y condiciones favorables para el retorno de las 46 familias a su comunidad. Asimismo, advirtieron que la situación puede empeorar debido a que se acercan las elecciones municipales.

Mientras, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala exigieron al gobierno de Chiapas frenar el hostigamiento en la comunidad de Ixtapangajoya, donde desde el viernes pasado han sido agredidos por grupos de choque que han secuestrado a vecinos de Rafael Pascacio, poblado colindante con Tabasco.

Denunciaron que caciques locales se oponen a la regularización de tierras que está por finiquitar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.