Aunque es positivo el fortalecimiento del mecanismo de protección a periodistas anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, el fondo del problema de las agresiones contra los comunicadores radica fundamentalmente en la impunidad, la cual se construye desde el sistema de justicia y en las procuradurías estatales, alertó el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd).

En las primeras reacciones al anuncio presidencial, lamentó que el problema de las agresiones contra el gremio periodístico se mantienen sin entenderse por parte del gobierno federal. Nos siguen dando discursos políticos cuando lo que se requiere es acabar con la impunidad, dijo Édgar Cortez, coordinador del área de seguridad y justicia ciudadana del instituto.

También ex integrante de la junta de gobierno del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos entre 2012 y 2016, Édgar Cortez insistió en que la impunidad casi generalizada que existe para castigar los delitos y crímenes es la causa que ha permitido estas agresiones contra los periodistas.

Es decir, añadió, es la falta de resultados tanto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), como de las procuradurías o fiscalías estatales, lo que termina alentando a los agresores a cometer sus actos, pues saben que tienen muy bajos índices de ser castigados.

Cortez se mostró escéptico sobre la efectividad de las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto para enfrentar la ola de agresiones contra el gremio periodística, pues se hizo una mala lectura del problema.

Dijo que al parecer se quiere resolver con mecanismos extraordinarios, cuando lo que hace falta es efectividad y buen funcionamiento de las instituciones ordinarias en una democracia y en un país como es el sistema de justicia. Mientras no se avance en esto y en terminar con la impunidad, las agresiones lamentablemente continuarán, alertó.

El defensor de derechos humanos aclaró que no deja de reconocer lo positivo que resulta el anuncio de fortalecer el mecanismo. Y es que esta instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación sólo tiene recursos económicos para agosto o septiembre, debido a que el Congreso no le asignó presupuesto para este año debido al ajuste económico; la operación de este 2017 se está haciendo con remanentes de años anteriores.

El mecanismo tiene la misión de proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que sufren amenazas o agresiones con motivo de su labor.

Con datos actualizados a marzo pasado, son 179 periodistas los que están bajo esta protección, 53 de ellos mujeres y 126 son hombres.