Zacatecas, Zac.

Arturo Nahle García, ex procurador general de Justicia de Zacatecas y actual magistrado de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), se sumó a la exigencia de que se revise la continuidad del general Froylán Carlos Cruz al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) de la entidad.

El pasado 12 de mayo unos 150 integrantes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizaron un paro de labores para demandar al mandatario priísta Alejandro Tello Cristerna la destitución del general brigadier retirado por múltiples irregularidades.

En entrevista radiofónica, Nahle García señaló que desde hace ocho meses, cuando se inició la presente administración, ni el general Froylán Carlos Cruz ni el Consejo Estatal de Seguridad Pública han elaborado el programa sectorial, a lo cual los obliga el artículo 43 de la Ley de Planeación para el Desarrollo de Zacatecas.

Lo más grave, dijo el magistrado, es que se han disparado de manera alarmante la violencia y los índices delictivos, y para acabarla de amolar, la semana pasada los policías estatales se manifestaron exigiendo, al igual que los diputados, la renuncia del secretario.

Consideró que la actual es la peor crisis de la PEP desde su creación, hace 17 años: Los policías protestando porque no hay estrategia, porque no hay mando, porque no hay apoyo, en síntesis, porque no hay rumbo en materia de seguridad en Zacatecas.

No es un asunto menor ni de unos cuantos revoltosos, no. En la PEP hay un enorme descontento con la superioridad; la disciplina está rota. No es posible que en el peor momento la delincuencia esté perfectamente organizada y la policía perfectamente desorganizada, agregó.

El 12 de mayo 150 elementos de la PEP pararon labores para denunciar al titular de la SSP por acoso laboral, negligencia operativa, retención de bonos y viáticos, así como por haber desintegrado en los ocho meses de su gestión tres cuerpos de la PEP: la policía montada, el grupo aeromóvil táctico especial y el grupo de inteligencia.

Sin embargo, el gobierno del estado no atendió la demanda principal de los uniformados y únicamente simuló cambios de mandos medios.

Los policías inconformes denunciaron que la única medida que se tomó fue cambiar de responsabilidades a dos comandantes de apellidos Barrón y Núñez Olguín, a quienes además los premiaron mandándolos de vacaciones.