En un buen número de prisiones de México existen condiciones de auto o cogobierno, tendencia que incluso ha ido en aumento en años recientes, sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que calificó la situación de inaceptable.

En la recomendación general 30, emitida ante el agravamiento de la situación persistente en las prisiones del país, el organismo nacional señaló que de este fenómeno se desprende la deficiencia en la gobernabilidad de los centros de reclusión y, consecuentemente, la violación de los derechos a la integridad, a recibir un trato humano y digno, a la tutela judicial efectiva y, por supuesto, a la reinserción social.

Para elaborar la recomendación, la CNDH consideró las visitas de supervisión realizadas a estos centros en los pasados cinco años, que han documentado omisiones sistemáticas del personal que ahí trabaja y que permite, tolera y/o auspicia que personas privadas de la libertad ejecuten actividades que corresponden exclusivamente a la autoridad.

El Sistema Penitenciario Mexicano cuenta con 375 centros de reclusión, que albergan en su totalidad a 216 mil 831 personas privadas de la libertad, distribuidas en 278 establecimientos estatales, 17 federales, 13 que dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales. La capacidad instalada total es de 212 mil 144 personas, por lo que existe una sobrepoblación relativa de más de 4 mil 687 personas.

La CNDH reporta que de 153 penales de diferentes clases supervisados en 2014, se documentaron condiciones de auto o cogogobierno en 63, es decir, 41.1 por ciento. Al año siguiente, con casi el mismo número de prisiones visitadas, el número se elevó a 71 (46.1 por ciento).

Para la Comisión es inaceptable que los reos realicen funciones relacionadas con la administración, servicios y operación de actividades de un centro penitenciario, mediante la imposición de métodos informales de control, permitiendo el goce de privilegios y tratos especiales, en detrimento de las condiciones de internamiento de la mayoría y con la apropiación indebida del abasto de insumos para la alimentación y operación de los establecimientos, así como de los recursos autogenerados en la institución.

La recomendación (de 39 cuartillas y enviada a la Secretaría de Gobernación, gobernadores y el comisionado nacional de Seguridad) señala que el problema del auto o cogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica recluidos en centros estatales y municipales, quienes por lo general los controlan, situación tolerada por algunas autoridades.

Entre otros planteamientos, propone ejecutar un programa de monitoreo permanente para verificar el estado de la seguridad y las condiciones de gobernabilidad de todos los centros penitenciarios y destinar en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado al sistema penitenciario, a fin de hacer frente a las necesidades de los centros de reclusión, con apoyo y seguimiento de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.