El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade, consideró probable que se declare infundada la queja contra Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena a la gubernatura del estado de México, por los presuntos descuentos hechos a trabajadores del municipio de Texcoco cuando era alcaldesa.

La razón es que debería demostrarse que el dinero de estas deducciones llegó a un partido político, pero Morena aún no se había creado, agregó.

Por las fechas, pareciera ser que el partido Morena todavía no tenía registro. Entonces lo que se dice es que (el dinero) se fue a una asociación civil en Texcoco, y esta es la parte en la que ya no entraría la fiscalización electoral, explicó en entrevista.

Señaló que además las aportaciones a los partidos no están prohibidas, siempre y cuando trabajadores y militantes lo hagan en forma voluntaria.

En el caso de Texcoco, dijo tener información acerca de que no hubo queja de los trabajadores de que les hicieron descuentos indebidos.

El 28 de abril pasado, el PAN denunció ante el INE que durante el mandato de Gómez Álvarez como alcaldesa de Texcoco (de 2013 a febrero de 2015) se descontó 10 por ciento del salario a empleados del municipio para el presunto financiamiento del Grupo de Acción Política, que encabezaba el actual alcalde de Texcoco, Higinio Martínez.

Andrade explicó que el INE deberá resolver la queja del PAN antes del 10 de julio, cuando el Consejo General conozca los dictámenes de fiscalización de las campañas políticas.

Aclaró que sólo les corresponde investigar si los descuentos fueron a parar a algún partido, tema que ya se presentó en el municipio de Torreón, donde se decía que los recursos llegaban al PRI.

Habrá que ver el curso de las respuestas que dan y de la investigación, pero con lo que se ha dicho en los medios es difícil que se demuestre que el dinero pasó a un partido. Pudo estar en una organización política.

Si se confirma esta información, explicó, la queja sería infundada y saldría del ámbito electoral, aunque pudiera quedar en el terreno de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

En caso de que se comprobara que el dinero producto de los descuentos fue enviado a las arcas de algún partido, el INE tendría que determinar si se informó ese ingreso y, en caso de no haber sido así, imponer las multas correspondientes. No hay mayor trascendencia en el tema.

Enrique Andrade insistió en que hay antecedentes de descuentos de este tipo e incluso de los grupos del Poder Legislativo de algún partido que hacen aportaciones, así como de los empleados de un municipio, como en el caso de Torreón.

Comentó que como ya se han dado otros casos, hay una propuesta para modificar el reglamento de fiscalización con la finalidad de analizar cómo se pueden permitir aportaciones de trabajadores a los partidos.