Ayutla de los Libres, Gro.

Desde El Paraíso se mira a unos tres kilómetros de distancia El Charco. Ambas, comunidades del municipio de Ayutla de los Libres. Ahí, don Bernardino García Francisco estuvo a punto de morir el 7 de junio de 1998, cuando una columna del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) fue sorprendida por el Ejército Mexicano. El saldo oficial: 10 indígenas mixtecos y un alumno de la UNAM fallecidos.

Yo tenía como 48 años, y desde entonces, y desde mucho antes, hemos venido luchando para que nuestros pueblos tengan paz y justicia. Sí soy sobreviviente de la masacre de El Charco, dice orgulloso. Desde entonces, Bernardino ha luchado por los pueblos indígenas mixtecos.

Recordó que desde que se fundó la Casa de Justicia de El Paraíso, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria(CRAC-PC), en mayo de 2013, se habían acabado los secuestros, asesinatos y violaciones a nuestras mujeres.

Sin embargo, luego de la incursión del Ejército, la Marina y la policía estatal, el 21 de agosto de ese año, la situación cambió: más de 40 policías comunitarios fueron detenidos. La mayoría fueron liberados, no así seis de ellos, encabezados por don Bernardino García Francisco, su hijo, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.

Los encarcelaron casi tres años, primero en el penal de Acapulco y luego en el de Ayutla de los Libres. Ahora, que han recuperado su libertad, advierten: Vamos a seguir luchando por vivir, por la patria y por todos.

En pie

Por eso los habitantes de los pueblos aledaños a El Paraíso acordaron reactivar la Casa de Justicia nuevamente y para ello conformaron un comité para reimpulsar su labor.

La primera actividad fue realizar una marcha, previo abanderamiento de la escolta de la Casa de Justicia, que concluyó con una asamblea en la cancha del pueblo, donde intervinieron varios oradores.

Uno de ellos fue Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, estado de México; Antonia Morales, en representación de maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), así como miembros del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg). Además, se dio lectura a un mensaje escrito por Jacobo Silva (el comandante Antonio, del ERPI).

A don Berna, como le dicen en los pueblos mixtecos de esa región de la Costa Chica, no le gusta hablar mucho, más bien es un hombre de acción. Miren compañeros, nosotros estamos tranquilos, ahorita lo que queremos es la libertad de los compañeros presos políticos de la CRAC, como Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel García, que todavía están injustamente encarcelados y ya queremos que salgan libres.

A un año de que él y otros cinco compañeros fueron liberados, “no hemos dejado de luchar por impulsar nuestro sistema de justicia comunitaria. No queremos que se cancele y por eso estamos luchando para seguir adelante.

Aquí en los pueblos indígenas no queremos que lleguen otra vez los delincuentes. Nacimos en paz, y por eso deseamos que haya paz. Queremos que la CRAC traiga paz y justicia a nuestros pueblos. Tenemos esperanza en nuestros niños, (que) desde el recién nacido hasta los grandes vivan en paz, recalcó.

En la asamblea celebrada en la cancha del pueblo, Eleuterio García Carmen narró lo que vivieron los comunitarios, durante la incursión de las fuerzas federales el 21 de agosto de 2013.

“Ese día, como a las 7:30 de la noche, estaban dos grupos de la policía comunitaria resguardando la Casa de Justicia –uno del poblado El Charquito y el otro de la Unidad Magisterial de Ayutla–, que se había convertido en un centro de reducación de la CRAC”.

De pronto “se escuchó la llegada de entre 25 y 30 vehículos del Ejército y la policía, y al llegar nos empezaron a golpear, y nos detuvieron sin ninguna orden de aprehensión.

Luego rompieron las puertas y pusieron en libertad a los que se estaban reducando aquí en la Casa de Justicia. Nos avisaron que muy cerca de El Paraíso estaban otros 30 vehículos; se nos vinieron con todo”.

A los presos “nos trasladaron hasta Acapulco, y ahí nos obligaron a firmar una declaración falsa, en donde nos acusaban de secuestro. También nos torturaron y nos tuvieron encerrados varios años.

Está claro que al gobierno no le conviene el sistema de justicia comunitario de la CRAC, pero no hay que tener miedo, porque de lo que se trata es que los pueblos indígenas vivan en paz, concluyó.