De 2010 a la fecha, al menos 44 mujeres periodistas o integrantes de organizaciones civiles han sido asesinadas en todo el país, contando el caso de Miriam Elizabeth Rodríguez, quien fue ejecutada el pasado miércoles en su domicilio en Tamaulipas, señala un análisis de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

Según el estudio de dicha organización, Chihuahua es uno de los estados en donde han ocurrido más agresiones en contra de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, pues ahí fueron ejecutadas Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Isabel Cordero Martínez, María Magdalena Reyes y Luisa Ornelas, todas ellas en 2010, así como Miroslava Breach Velducea, corresponsal de esta casa editorial en ese estado, en este año.

En esa misma entidad fueron privadas de la vida Susana Chávez, en 2011, y Manuela Martha Solís Contreras, en 2012.

Otro de los estados en donde activistas y comunicadoras han sido asesinadas de forma sistemática es Guerrero, donde perdieron la vida María Elvira Hernández Galeana (2010), Isabel Ayala Nava (2011), Reyna Ayala Nava (2011), Juventina Villa Mojica (2012), Fabiola Osorio Bernáldez (2012), Rocío Mesino (2013), Ana Lilia Gatica (2013) y Norma Angélica Bruno Román (2015).

De igual forma, se han registrado otros asesinatos en el estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México.

Entre los casos que en su momento recibieron mayor eco en los medios informativos se encuentra el de Marisela Escobedo Ortiz, quien fue ejecutada de un balazo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010 justo frente al palacio de gobierno de Chihuahua, donde se había instalado en un plantón para exigir que las autoridades reaprehendieran al asesino de su hija Rubí Frayre.

Fue la propia Escobedo quien señaló a la pareja de Rubí, Sergio Barraza, como el presunto asesino de la menor. Además de ello, lo ubicó en Zacatecas con sus propios medios y orilló a las autoridades a detenerlo.

Aunque el hombre confesó ser el autor del feminicidio e incluso señaló el lugar donde había enterrado los restos de su ex pareja, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo dejaron en libertad.

Otro episodio que tuvo amplia difusión mediática es el de Sandra Luz Hernández, quien el 12 de mayo de 2014 fue asesinada por una persona que le disparó 15 veces y luego escapó, todo ello a plena luz del día en el centro de la ciudad de Culiacán.

Durante dos años, Hernández había buscado a su hijo Édgar Guadalupe García, joven que trabajaba en el despacho del entonces procurador del estado Marco Antonio Higuera, y quien al parecer fue secuestrado por el cártel de Sinaloa.

Al igual que en el caso de Marisela Escobedo, aunque el autor material del asesinato confesó haber cometido el crimen e incluso señaló con qué arma lo había realizado y a bordo de qué vehículo, un juez ordenó ponerlo en libertad por falta de pruebas.

Un caso más de activistas o comunicadoras asesinadas es el de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de esta casa editorial. El pasado 23 de marzo un sujeto la mató de varios tiros cuando salía de su casa para dejar a su hijo en la escuela.

Breach se había distinguido por realizar trabajos periodísticos en los que denunciaba la presencia del crimen organizado en amplias regiones de Chihuahua –en particular en la sierra Tarahumara– y la colusión de dichos grupos delictivos con políticos de diversos partidos.

La también columnista del diario Norte, de Ciudad Juárez, estaba elaborando un reportaje sobre la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios del estado, todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico.