El gobierno federal confirmó que habrá una reunión, antes de que concluya el mes, con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La evaluación del caso se realizaría, por separado, con el procurador general de la República, Raúl Cervantes, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Mientras, los familiares de los estudiantes –desaparecidos en septiembre de 2014– e integrantes de grupos que los acompañan en sus movilizaciones dijeron que continuarán en Ciudad de México.

Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los familiares, subrayó que no son apologistas de la violencia (dos protestas terminaron en incidentes), pero hay reacciones ante la indolencia de funcionarios y legisladores.

Aunque se pronunció en favor del restablecimiento del diálogo político con Gobernación, al mismo tiempo continúa la presión en las calles para que la investigación tenga resultados concretos.

Queremos saber si hay voluntad política para que resuelvan [el caso] en este sexenio, precisó antes de ingresar a Gobernación, donde una comisión de siete personas conversó con el subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, Roberto Campa, con quien ya se habían reunido el 9 de mayo.

En esa ocasión las autoridades se comprometieron a adelantar la visita a México de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dan seguimiento al caso Ayotzinapa. En ese contexto se desarrollará la sesión con el procurador Cervantes y el secretario Osorio, quien viajará la semana próxima a Tamaulipas y luego a Washington.

El gobierno reiteró ayer que están vigentes las medidas cautelares dictadas por la CIDH y el compromiso de llegar a la verdad. Estamos abiertos, estamos trabajando, dijo entonces el fiscal del caso, Alfredo Higuera.

Campa subrayó que hay un trabajo serio, a fondo, que se viene haciendo, relacionado con la parte sustantiva de sus peticiones, relacionado con la investigación, búsqueda [de los 43 jóvenes] y atención a víctimas... la reunión [con Osorio] será en los siguientes días.

Vidulfo Rosales lamentó el trato que se da en todo el país a las víctimas del delito, familiares y defensores de derechos humanos, así como las permanentes agresiones, como la ocurrida a la activista Miriam Rodríguez, asesinada el 10 de mayo, presuntamente en represalia por su trabajo para lograr la detención de quienes asesinaron a su hija.

Lamentablemente, este gobierno no está privilegiando la agenda de derechos humanos, que adquirió cierta importancia después del 26 de septiembre de 2014 [desaparición de los normalistas], ahí fue motivo de preocupación, y ahora este gobierno tiene otras prioridades, y vemos cómo se ha desbordado la violencia en todos los ámbitos y niveles, señaló.

El tema de los desaparecidos sigue ahí, sin avance: una ley congelada en la Cámara de Diputados y agresiones a defensores.

La muerte de la compañera Miriam es muestra de cómo las autoridades no establecen medidas de prevención ante las agresiones; los familiares de los desaparecidos no tienen garantías, pese a que están colocados al filo del peligro, dijo Rosales.

Ayotzinapa tiene una oficina especial para la investigación y aun así todo es muy complicado, porque aunque se avanza con tomos y tomos (de investigación) y de detenidos, no se sabe nada del paradero de los normalistas.