arece que a nuestros genios enquistados en el aparato de gobierno nunca les ensañaron un viejo truco que suele ser útil a la hora de desmantelar una que otra banda del llamado crimen organizado y encarcelar a sus integrantes, es decir, aquel que obliga a la autoridad a seguir la ruta del dinero ilegal (follow the money), lo que en otras zonas del planeta ha permitido desmantelar grupos delincuenciales dedicados a cualquier cantidad de ilícitos y, de pasadita, descubrir sus abundantes nexos con los vendedores de protección e impunidad en el aparato de gobierno.

En México, no. Tal vez sea esto último lo que contenga a los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a otras instancias similares, pero lo que es un hecho es que al abstenerse de aplicar ese viejo truco no sólo impiden hallazgos incómodos sino que estimulan el crecimiento exponencial del poder económico –y corruptor– del crimen organizado, lo que daña aún más a la nación (el otro crimen organizado, o institucionalizado si se prefiere, permanece impune en las altas esferas gubernamentales).

Sucede en todas las áreas: narcotráfico, secuestro, extorsión, defraudación, trata de personas, mercado negro de armas, etcétera, etcétera y, desde luego, incluido está en el negocio que, si bien es de larga data, sólo hasta ahora aparece reflejado con cierta precisión en prácticamente todos los medios nacionales de comunicación y comienza a tener espacios en los internacionales, es decir, el jugoso cuan creciente negocio de los huachicoleros, en el que hasta ahora sólo aparecen temerarios mexicanos de a pie que todos los días se juegan el pellejo, sin que las cabezas corran el menor riesgo de ser identificadas.

Así, en días recientes no pocos se animaron a ponerle números al negocio de las tomas clandestinas y el mercado ilícito de combustibles, las cuales de cualquier suerte denotan una volumen envidiado por los sectores formales y legales de la economía nacional.

Por ejemplo, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que anualmente los huachicoleros roban al erario entre 15 mil y 20 mil millones de pesos; Andrés Manuel López Obrador habló de 30 mil millones; algunos expertos en el tema elevan la cantidad a 80 mil millones y otros la ubican cercana a 100 mil millones o más, pero en cualquiera de los casos el monto es enorme y mínima la capacidad o la voluntad del Estado para erradicar esa práctica y aplicar el truco de follow the money.

Pero cualquiera que sea el monto real (20 mil, 30 mil, 100 mil millones o más), tanto es el dinero producto de ese ilícito que no puede ocultarse bajo el colchón o guardarse en el clóset, disfrazarlo en tandas o ahorrarlo en el cochinito. Necesariamente debe legalizarse y pasar por las instituciones financieras –y éstas reiteradamente son señaladas como grandes lavanderías- para incorporarse e inyectarse en la economía formal. Cuando menos la mayor parte del usufructo, que no queda en los bolsillos de los campiranos que aparecen en videos y fotografías.

Como ejemplo, la ONU estima que los cárteles mexicanos del narcotráfico obtienen anualmente no menos de 30 mil millones de dólares por la venta y trasiego de droga, es decir, el equivalente a cerca de 600 mil millones de pesos, y cierto es que no existe en el planeta un mega colchón que permita esconder esa cantidad… ni autoridad que se resista.

Cuando menos desde 2003, en el sexenio foxista, Petróleos Mexicanos detectó el robo ilegal, pero perfectamente organizado, de combustible de la nación. De todos colores y sabores: ductos perforados, pipas robadas, ordeñas por aquí y por allá, y en consecuencia se supone que armó una plan de acción para combatir tales prácticas. A la ex paraestatal se le sumaron varias instituciones del Estado para combatir tales prácticas.

Pero transcurridos casi tres lustros, lo que la autoridad logró fue todo lo contrario, y el negocio del robo de combustible es uno de los más lucrativos… y lesivos para el erario. Y más allá de un pequeño grupo de campiranos no muy bien alimentados, ninguno de los responsables, las verdaderas cabezas del atraco sistemático, está en la cárcel. Tampoco los funcionarios involucrados.

Pero el robo y la falta de resultados no se limitan a los huachicoleros. De muchísimos años atrás a lo largo y ancho de la República millones de consumidores son atracados cotidianamente en muchas gasolineras o a la hora de cargar los tanques domésticos de gas, porque los litros son de 700 mililitros o menos. Y en esto hay muchos políticos que participan, ya sea como propietarios de estaciones de servicio o como parte del entramado protector, que no es gratuito, desde luego.

Sólo para la memoria: en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la Profeco anunció que pondría en marcha una rápida acción, un ejemplar operativo para erradicar tajantemente la ordeña en gasolineras, por tratarse de una práctica ilícita que lacera los bolsillos de millones de mexicanos. Dos décadas y pico después, tal práctica goza de cabal salud, amén de precios crecientes de los litros de 700 mililitros, es decir, lo contrario de los bolsillos de los consumidores. De ese tamaño fue el ejemplar operativo.

Entonces, ¿qué deben esperar los ciudadanos de la acción decidida anunciada por el gobierno peñanietista (como antes el foxista y el calderonista) en contra de los huachicoleros? Nada, como siempre.

Las rebanadas del pastel

Dice el inquilino de Los Pinos que la corrupción es un fenómeno costoso y lastimoso que la sociedad rechaza, pero que desterrarla no será algo que se logre de la noche a la mañana. Ajá, pero su primer compromiso firmado ante notario público (Guadalajara, 30 de marzo de 2012) fue la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción –que más tarde derivó en Fiscalía Anticorrupción, que tampoco ha entrado en funcionamiento ni tiene titular, y menos voluntad del Legislativo-, orientada a tener un gobierno honesto y eficaz; hay un México con instituciones débiles y desacreditadas, en las que ya no confía la gente, porque la ineficacia y la corrupción se padecen a diario, según detalló en aquella ocasión. A estas alturas ni uno ni otro, pero sí corrupción galopante. Entonces, cinco años es un periodo más que suficiente para aterrizar el compromiso firmado, aunque es quimera, porque la señora es el aceite del sistema político mexicano, la que engrasa los motores y engranajes del régimen. Entonces, ¿para cuándo? Pa´ después.

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