esde 2009, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ha sido un misterio, marcada por la opacidad y la falta de transparencia. Con Felipe Calderón para ocultar las verdaderas causas de la quiebra de LyFC; y en lo que toca a Peña Nieto para tender una cortina de humo sobre el proceso real de enajenación de los multimillonarios bienes de LyFC. Por ello, llama la atención la reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a diciembre de 2016, que arroja alguna luz sobre la negociación a la baja entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Salta a la vista la aseveración de la ASF de que los bienes de LyFC, ¡después de más de siete años!, siguen estando bajo el dominio de la Federación, aunque la gran mayoría han sido transferidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una pequeña cantidad, alrededor de 40, al SME. Bien sea en comodato o a título oneroso gratuito, pues no se ha podido acreditar plenamente la propiedad de los mismos. Otro dato relevante es el valor de todas las propiedades de LyFC. Se trata de 533 bienes valuados contablemente, pero no a precios reales, en 98 mil 592 millones de pesos. Lo que abre un enorme boquete sujeto a la especulación y a la corrupción.
A partir de estos incumplimientos, como los llama la ASF, se cuestiona la versión oficial sobre el proceso de negociación entre la Segob y el SME, entre los que se destacan: A la fecha, al SME no le han entregado propiedades, sólo se ha dado una transmisión no onerosa de bienes. Este proceso puede tomarse varios años más. Las plantas de generación de Necaxa y las microhidroeléctricas, en tanto bienes nacionales, fueron entregadas a la Generadora Fénix. Es decir, a una empresa privada trasnacional, avalando en los hechos la privatización de la industria eléctrica. Sin embargo, a diciembre de 2016 la firma del contrato de adquisición de energía de CFE a la Generadora Fénix se encontraba todavía pendiente de formalizar.
El capital accionario de la Generadora Fénix se integró con 51 por ciento a Mota Engil, 40 por ciento al SME y ¡un 9 por ciento a la Cooperativa LF del Centro! Dato que celosamente se había ocultado a los trabajadores y a la opinión pública, convirtiendo al SME en un sindicato sui generis: patronal-empresarial, con una membresía mínima de 500 trabajadores, 14 mil cooperativistas, 19 mil jubilados y una fuerte inequidad de derechos accionarios entre todos sus agremiados.
De acuerdo con la ASF al gobierno le salió barata la liquidación de LyFC y sus trabajadores. La administración de Peña Nieto se ahorró 627 millones de pesos en el pago de las liquidaciones y 328 mil 859 millones de pesos, que no se pagaron en finiquitos con motivo de las demandas relacionadas con los juicios laborales 1267/2009 y IV-53.1.2014, de las cuales la dirección del SME se desistió y que incluía el pago de los fondos de jubilación (Cl 64), el fondo del programa habitacional y el Fondo del Seguro Sindical (Cl 112). Estos fondos son de naturaleza diferente a los Pasivos Laborales y conforme al Contrato Colectivo de Trabajo tenían que haberse entregado al SME.
Como parte de la negociación, para la extinción del pasivo laboral de 80 mil millones de pesos, al SME le entregaron sólo 40 bienes que representan 7.5 por ciento de los 533 bienes de LyFC, pero sin escrituras, pues siguen bajo el régimen de dominio público de la Federación. Esos 40 bienes tienen un valor contable de 512 millones de pesos, que representan apenas 0.5 por ciento del valor total de los bienes de LyFC. Éstos son: tres agencias, diez campamentos, dos edificios administrativos, una escuela para trabajadores, tres predios, diez subestaciones eléctricas, un sector y otros diez (plantas eléctricas, terrenos, museos, tomas de hidroeléctricas, tanque de carga). Adicionalmente, la ASF informa que el valor contable de las 16 plantas de generación ascendió a mil 103 millones de pesos, representando 1.1 por ciento del valor de los bienes de LyFC. En total mil 615 millones de pesos frente a un pasivo laboral de más de 80 mil millones de pesos. Sin embargo, CFE se quedó con 436 bienes de los 533 bienes de LyFC que representan 81.8 por ciento del total, con un valor contable de 95 mil millones de pesos, que representa 96.9 por ciento del total.
Por otra parte, mientras en 2009 Calderón denunció un pasivo laboral de los jubilados por 240 mil millones de pesos, para el pago de más de 22 mil jubilados, para diciembre de 2015 la ASF informa de 341 mil 210 millones para el pago a 20 mil 351 jubilados del SME. En ambos casos con un déficit financiero de 100 por ciento.
La contraparte de esta historia es lo que ocurre dentro del SME. Alrededor de 500 trabajadores laboran en la Generadora Fénix con un contrato colectivo de trabajo con apenas los mínimos de la Ley Federal del Trabajo, pero con dirigentes que gozan de elevados ingresos, derivados de su doble condición como representantes sindicales y por otra parte socios accionistas y miembros del Consejo de Administración de la empresa privada. Cuyos tiempos de duración en sus cargos sindicales fueron ampliados de dos a cinco años.
A casi ocho meses del cobro de sus liquidaciones (agosto de 2016) la gran mayoría de los 14 mil socios de la cooperativa del SME sigue sin trabajo. Los pocos que lo han logrado es en condiciones precarias; con salarios mínimos, jornadas diarias de 12 horas y pésimas condiciones de seguridad e higiene. Más de 900 pensionados con renta vitalicia llevan más de dos años esperando el cobro de prestaciones y adeudos pendientes. A los que se han atrevido a reclamar por las promesas incumplidas y las mentiras recurrentes les han negado sus certificados como socios de la Cooperativa de LyF y consignados ante la comisión autónoma de justicia del SME, en medio de una campaña de descalificación y amedrentramiento.
