El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Según la PGR, el nuevo fiscal revisará cada uno de los casos que actualmente se investigan, mantendrá un contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Agrega que el procurador ha instruido a la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al fiscal, realizar todas y cada una de las acciones necesarias para garantizar que no haya impunidad en hechos relacionados con ataques y agresiones a las y los comunicadores en nuestro país, procurando en todo momento el acceso a la justicia y al derecho a la verdad de víctimas y ofendidos.

Sánchez Pérez cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Libre de Derecho y realizó estudios de maestría en derecho internacional y derechos humanos en la Universidad de Northwestern, en Chicago, Estados Unidos.

La PGR informó que se ha desempeñado como director general de atención y seguimiento de recomendaciones y conciliaciones en materia de derechos humanos en esa dependencia; también cómo director general adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y asesor en materia de medios de comunicación en la misma dependencia.

Igualmente, cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia.

A lo largo de su trayectoria, el nuevo fiscal cuenta con experiencia en materia de protección a personas dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión como coordinador de la implementación de medidas cautelares y provisionales de organismos internacionales en materia de garantías fundamentales en coordinación con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal y ha representado en reiteradas ocasiones al Estado mexicano ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.