uando terminó el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2006) en la jefatura de Gobierno había en la Secretaría de Salud 10 mil 587 plazas de base sin contar los 589 becarios. De ellas mil 683 eran de nueva creación para los dos nuevos hospitales y se logró recuperar las 471 plazas desocupadas en los programas de apoyo a la jubilación. En total sólo habían 45 contratos por honorarios. Existía un programa de suplencias
esencialmente encaminado a garantizar la operación de los servicios. Como regla general, las personas que estaban contratadas como suplentes tenían preferencia para concursar por las plazas que quedaban vacantes. Se hizo además un gran esfuerzo por recuperar plazas médicas asignadas a personal no-médico y quitar horarios especiales de trabajo para garantizar la operación de todos los turnos favoreciendo así a los pacientes.
Estos datos son importantes porque ahora la situación de los recursos humanos en esta secretaría (Sedesa) es caótica y hay una creciente precarización del trabajo con cerca de 8 mil trabajadores en condición irregular. Ocurre así por varias razones. Una es que no se han abierto plazas de base en las nuevas unidades médicas –hospitales y clínicas–. Esta situación se remonta a 2009 y conlleva que se operan con personal temporal por contrato. Las luchas de los trabajadores de los hospitales generales de Ajusco Medio y de Tláhuac son un testimonio contundente.
Otra razón es que las licencias sindicales se han incrementado vertiginosamente. Por ejemplo, en 2015 cerca de 4 mil 800 o 39 por ciento de los trabajadores de base las habían utilizado, mientras en el periodo 2003-2006 eran 146. Todavía más grave, un número considerable de las licencias fueron por tiempos prolongados o incluso de un año. En rigor sólo los funcionarios sindicales electos como integrantes de los comités ejecutivos tendrían derecho de acceder a licencias por el tiempo de su cargo. La revisión de las licencias revelan que fueron dadas incluso a afiliados de secciones que no son de la Secretaría de Salud y hay muchos testimonios sobre la venta de licencias por parte del sindicato. Resulta difícil creer que el secretario de Salud, Armando Ahued, no esté enterado de este extenso ilícito. Estas prácticas ilegales también explicarían porque las plazas de base vacantes no se utilicen para regularizar el personal por contrato.
El secretario Ahued ha tratado de justificar las plazas irregulares, alegando que no hay presupuesto suficiente para abrir nuevos empleos; que la presión sobre los servicios se debe al incremento de la demanda por el Seguro Popular, y que se está instaurando un nuevo régimen de estabilidad laboral
para disminuir la precarización del empleo. ‘
El argumento del presupuesto insuficiente no se sostiene cuando se constata que para 2017 se autorizó a Sedesa un presupuesto de 7 mil 569.6 millones de pesos y 3 mil 354.5 millones que serán transferidos por la federación para el Seguro Popular (SP), o sea dispondría de cerca de 10 mil millones de pesos. Una parte de las transferencias corresponderá a los Servicios de Salud Pública, también encabezados por Ahued. Sin embargo, la mala administración llevó a un subejercicio de 41 por ciento de los recursos del SP, según la Auditoría Superior de la Federación en 2015 (último año disponible). La secretaría tiene programado gastar mil 342 millones de pesos en compras y mantenimiento, o sea, dispondría de cerca de 6 mil millones de pesos para pago de personal sin incluir la transferencias del SP.
En 2015 habían 7 mil 500 trabajadores con plazas por contrato sin contar las 500 de confianza. En este año se lanzó el Programa de Estabilidad Laboral, sujeto a la disponibilidad presupuestal. El contrato de estabilidad laboral es por un año y el sueldo se paga conforme al tabulador básico. Da, en principio, derecho a 20 días de vacaciones, aguinaldo y vales de fin de año así como a servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y al seguro de riesgos de trabajo, pero no cuenta para la pensión.
En 2015 Ahued aseguró que se abrirían mil 200 bases en 2016 y que para 2018 todos tendrían su plaza de base, promesas que no se han cumplido. Además ha habido poca transparencia en la asignación de las 500 plazas de base autorizadas, ya que se han dado a personas sin el perfil profesional adecuado.
Esta política laboral tiene un impacto muy negativo en los servicios, ya que impulsa la rotación de personal e impide que se de un seguimiento adecuado a los pacientes. Es decir, la precarización del trabajo significa a la vez una mala atención a los usuarios. Mientras tanto el secretario se dedica a acciones publicitarias sin importancia para la salud de los capitalinos.
