ara ser claros, o cuando menos para que no se especule tanto respecto de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió sobre la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX) y el papel de la Asamblea Constituyente en la impugnación que las autoridades federales enderezaron en su contra, la sentencia es rotunda: La Asamblea tiene el supremo e innegable derecho de defender las razones que dieron origen a las leyes que se asentaron en el texto fundacional.

Es curioso que en su sesión de ayer, según la comunicación oficial que se hizo desde esa misma instancia, la SCJN, la segunda sala determinó que la asamblea Constituyente es parte demandada en las controversias constitucionales promovidas en contra de la expedición y publicación de la CPCDMX, y por ello debe comparecer a expresar las razones o fundamentos jurídicos para sostener su validez.

Es más, el máximo tribunal considera, según la misma comunicación oficial, que “dadas las características extraordinarias del caso, y su condición inédita, se debe realizar una interpretación sistemática de la Constitución federal, y la ley reglamentaria en la materia, de acuerdo con los principios que rigen las reglas fundamentales de todo procedimiento, concluyendo entonces que la Asamblea Constituyente, que expidió la ley fundamental de la Ciudad de México, está legitimada para comparecer al juicio correspondiente, y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sólo tiene carácter de tercero interesado.

Queda pendiente, no obstante, el límite de las facultades que se le otorguen desde la misma SCJN a la Asamblea Constituyente, dado que aún no se sabe si sería la misma asamblea la encargada de modificar –si así lo demanda la SCJN– la Constitución local, o si esa responsabilidad se le cargaría a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Se trata, nos dicen, de un pleito entre poderes, cuando menos así se interpreta entre la gente que labora en la máxima instancia de justicia del país, y todo se resume a que unos quieren más y otros no quieren perder ni un ápice de lo que ya tienen, pero por más que se busque encapsular el problema desatado en los pisos más altos del poder público, los habitantes de la ciudad, que tendrán que obedecer las leyes que contenga la Constitución, también tienen algo que decir, y esta vez, estamos seguros, no habrá silencios cómplices.

Pero veámoslo con buena cara: la Constitución Política de la Ciudad de México apenas empieza a discutirse.

De pasadita

Hizo muy bien el procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, en dar la cara en las redes sociales, para empezar, por la filtración que en el caso de Lesvy Berlín Osorio se dio desde la misma procu. Reconocer un error no se da a diario entre los políticos del país, y ahora que ya se sabe de dónde salieron las filtraciones, sería menester recomponer el otro error, el que se cometió en la dirección de comunicación social.

Se trata, nada más, de hacer justicia. Tan simple como eso, y si viene del procurador Ríos Garza, estamos seguros que tendrá un efecto de confianza en toda la ciudad, ahora que lo creíble es un artículo muy escaso.

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