La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Asamblea Constituyente debe ser considerada autoridad demandada en las controversias constitucionales promovidas por diversos actores contra la expedición y publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México.

En la sesión de la segunda sala realizada ayer se aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que deja en manos de los constituyentes la responsabilidad de contestar a los señalamientos realizados en contra del texto constitucional local por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Presidencia de la República.

Aunque la propia asamblea reconoció que su actividad legislativa ya concluyó, lo cual la incapacita para volver a reunirse y crear norma alguna, la SCJN resolvió que al no haber un sujeto legitimado que haga frente a las controversias constitucionales presentadas contra la Carta Magna capitalina, es la Asamblea Constituyente la que debe comparecer para defender su validez.

De igual forma, los ministros determinaron que la Asamblea Legislativa (ALDF) sólo puede considerarse como tercer interesado en el caso, luego que dicho órgano de gobierno reclamó haber sido señalado como autoridad demandada, y sí confirmó con ese carácter al jefe de Gobierno capitalino, debido a que el artículo séptimo transitorio de la citada reforma constitucional le dio la atribución de elaborar y remitir a la Asamblea Constituyente el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

Al término de la sesión, el senador Alejandro Encinas, en calidad de presidente de la mesa directiva de la Constituyente, afirmó que los integrantes del cuerpo legislativo que expidió la Carta Magna local ven con optimismo el fallo de la Corte, al reconocer su personalidad jurídica.

La resolución, sin embargo, sólo permite a la Asamblea Constituyente ser parte en las controversias, pero no así de las acciones de inconstitucionalidad, lo que motivó que ayer mismo los constituyentes perredistas, encabezados por su coordinadora, la senadora Dolores Padierna, presentaran un amicus curiae (amigos de la corte) para que los ministros dispongan también de los argumentos jurídicos, políticos y filosóficos en defensa de la validez de los preceptos impugnados en dichas acciones.

Tras entregar el escrito, señalaron que podrán recurrir también a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defender las garantías contenidas en el texto constitucional local.

Isidro Cisneros y José Manuel Oropeza confiaron en que el amicus curiae ayudará a desechar algunas de las impugnaciones que, afirmaron, rayan en la frivolidad e incluso son incoherentes y no están bien sustentadas, en particular de la PGR, en tanto que Padierna llamó a los ministros a que no lean la Constitución Política de la Ciudad de México con patrones arcaicos, propios del siglo XIX, como hicieron la Procuraduría y la Presidencia de la República”.