La dispersión de programas sociales –que suman 5 mil 500 en el país–, entre estatales y federales, la falta de coordinación entre ellos, y una política social desarticulada que termina por entregar dádivas a la población en pobreza, favorece el uso discrecional de los recursos, indican expertos. Los estados donde habrá elecciones de gobernador este 4 de junio tienen capacidades institucionales precarias para la implementación de la política social.

Esto de acuerdo con el Índice estatal de capacidades para el desarrollo social (IDES), de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), que indica que en 2016 el estado de México estaba en el lugar 22, Coahuila en el 19 y Nayarit en el 26. En todos ellos, menos de la mitad de sus programas sociales tienen padrón de beneficiarios.

En esos estados el índice refiere que es necesario y urgente establecer programas de mejora y fortalecimiento en la planeación programático presupuestal, hacer una gestión eficiente de programas y acciones estatales de desarrollo social, realizar monitoreo y evaluación, así como incluir la participación ciudadana, explicó Alfredo Elizondo, del colectivo Por un Presupuesto Sostenible.

Sin perspectiva amplia

La política social no está articulada con una visión amplia, terminan siendo dádivas, no hay planeación y en la medida que esta política se institucionalice se reduciría el uso electoral, consideró Héctor Villarreal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En cuanto al peso del uso electoral de los programas, consideró que es relevante en contiendas reñidas, como es el caso del estado de México, no así cuando la distancia entre candidatos es mucha.

En el estado de México, la entidad con el mayor número de habitantes del país, con 16.1 millones, 49.6 por ciento de la población vive en pobreza, esto es, 7.9 millones; en Veracruz (donde se renovarán alcaldes) 58 por ciento está en pobreza, 4.6 millones de personas; en Coahuila, 30.2 por ciento, 885 mil, y en Nayarit, 40.5 por ciento, 553 mil habitantes, de acuerdo con la Medición de Pobreza 2014, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

A estas cifras de pobreza, en el caso del estado de México, se suma que 14 millones de personas tienen algún grado de vulnerabilidad o están en pobreza por ingresos, esto significa que más de 80 por ciento de la población presenta alguna carencia. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, hay 6 millones de personas registradas, prácticamente la misma cantidad de la población ubicada en pobreza, aseveró Héctor Rubio, coordinador interinstitucional de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.

Todos estos son elementos que en un contexto electoral hacen que la población esté en riesgo de coacción de voto o que se dé el uso electoral de programas sociales, consideró.

En el estado de México –señaló en entrevista– se concentra gran parte de la atención de programas federales. Detalló que ahí residen 35 por ciento de los 500 mil beneficiarios de los comedores comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social; 30 por ciento de los 2.5 millones de beneficiarios de Liconsa; hay 1.8 millones de personas de Prospera en edad de votar, y 500 mil del programa de Adultos Mayores.

Además no hay coordinación entre los programas estatales y federales, la pulverización de recursos lo que favorece son pequeñas bolsas de dinero que puedan ser usadas de manera discrecional, donde no hay mecanismos claros de lo que se implementa en el territorio. Esas prácticas no se limitan a esos estados, pero en periodos de elecciones, se ve la entrega de beneficios y afiliaciones, agregó Alfredo Elizondo.

Hay 5 mil 500 programas sociales en el país, unos 300 son federales, esto significa que la mayoría tiene el problema de vulnerabilidad electoral, pues sólo un número reducido cuenta con reglas claras, a pesar de que el eslabón más débil es la autoridad estatal y municipal también puede haber uso discrecional a nivel federal, indicó Rodolfo de la Torre, del Centro de estudios Espinosa Yglesias.