Desarrollos, sí, pero sin abusos
Aumentan juicios en el TCA
El caso Miguel Hidalgo
adie en la Ciudad de México puede negar la importancia de la industria de la construcción como eje de desarrollo, pero tampoco nadie puede negar el abuso constante, impune, de muchos de los llamados desarrolladores inmobiliarios, principalmente en lo que a la construcción de vivienda se refiere.
Aunque no conocemos datos concretos de los tiempos en que se deben, o debieron, entregar las que se hacen en conjunto con el gobierno de la ciudad, sería muy bueno, por la tranquilidad de la gente, que se supiera con certeza el tiempo en que quedarán terminadas las obras, y en su caso evidenciar a los constructores que no cumplan, y hacer saber a la gente, con todos los detalles, las sanciones que se impongan a las empresas incumplidas.
Pero si en esas obras el asunto de los abusos puede ser escandaloso, en el caso de la construcción de viviendas el problema se agudiza. Toda la semana que pasó, en las páginas de esta sección y por el trabajo de las reporteras Gabriela Romero y Rocío González, supimos del caos que se vive entre las empresas de la construcción.
Este año el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá que resolver 317 juicios de nulidad que han promovido vecinos de diferentes colonias de la ciudad. Pero hay que estar claros: la gente no está en desacuerdo con el desarrollo de esta capital, pero sí busca estar bien informada de todos los procesos que encierra una construcción.
De muchas formas los delegados –alguno sí lo hace– deberían ser quienes encabezaran las demandas de la gente; con ellos al frente se podría saber, por ejemplo, cómo, cuándo y sobre todo por qué la Seduvi y los otros organismos relacionados con los permisos que requieren los desarrolladores para construir dan su consentimiento para que se inicien los trabajos, que casi siempre resultan fraudulentos en lo que a tiempos de entrega se refiere. Pero además, con los permisos en la mano, y seguramente con el beneplácito, o peor, con la complicidad de las autoridades, los desarrolladores construyen donde y cuanto no está permitido, y sólo en algunos casos se sanciona a alguien y no a las firmas que edifican las viviendas.
En Miguel Hidalgo, donde sólo este año hay 44 juicios, las autoridades de la demarcación aseguran que hay cuando menos 24 obras irregulares a las que se les deberán demoler departamentos que no fueron autorizados porque, por ejemplo, se violó el uso de suelo.
Las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez son las que siguen, en ese orden, a los juicios que se han interpuesto en contra de los desarrolladores, quienes, por otro lado y en muchos otros casos violando la ley, han edificado y vendido con total impunidad departamentos ilegales.
Así que qué bueno que ese sector de la iniciativa privada esté en el apoyo al desarrollo de la ciudad, pero lo que no se vale es que ese desarrollo, en muchos casos, se dé a costa de la ley, sin que nadie diga nada.
De pasadita
En horas de la tarde, en los pasillos del gobierno capitalino se comentó que ya se había renunciado
a la directora de comunicación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Elena Cárdenas, a quien se culpa de los tuits que desataron la furia en redes sociales por los calificativos que se usaron para describir la conducta de Lesvy Osorio, joven que fue hallada muerta en terrenos de Ciudad Universitaria, aunque entre los mismos funcionarios del gobierno se asegura que la funcionaria no fue la culpable directa de esas a comunicaciones.
Al parecer, el desempeño profesional de Cárdenas no fue tomado en consideración a la hora de hacer las cuentas, pero alguien tenía que pagar.
