Puebla, Pue.

La llamada Caravana contra el paramilitarismo, por el derecho y la defensa del territorio y los derechos humanos, procedente de Oaxaca, fue detenida la tarde de ayer durante cinco horas por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal en esta entidad.

La marcha, con la cual se busca denunciar ante instancias internacionales ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza pública contra la comunidad de Arantepecua, Michoacán, quedó varada en la caseta de Amozoc de la autopista Puebla-Orizaba de las 14 hasta poco después de las 19 horas.

El convoy pretendía realizar una marcha en la capital de Puebla para apoyar a grupos locales; ante la prohibición, continuaron su viaje hacia la Ciudad de México.

Orden del gobernador

El despliegue militar permanente en ese municipio impidió el tránsito de los indígenas con el argumento que no podían ingresar al estado por órdenes del gobernador panista Antonio Gali Fayad.

Daniela González, al frente de la movilización, afirmó que los oficiales nos aseguraron que por orden del gobernador no pasábamos, y que debíamos volver a nuestro punto de partida.

Amozoc se ubica a unos 20 kilómetros de la comunidad de Palmarito Tochapan, donde el pasado 3 de mayo hubo un enfrentamiento entre el Ejército y bandas del crimen organizado dedicado al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos, lo que dejó un saldo de 10 muertos, 12 heridos y 14 detenidos.

Los manifestantes pretenden llevar su denuncia ante Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, entre otras instancias, con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos, en el cual convergen representantes de organizaciones de 16 naciones de América y Europa.

El profesor Gilberto Maldonado Maldonado, dirigente del Consejo Democrático Magisterial Poblano, quien recibiría a la caravana en Puebla, dijo que en esta entidad iban a recabar varias denuncias, entre ellas, una el desalojo de una protesta de pobladores de Jolalpan que exigían la revocación del mandato del alcalde, Antonio Javana García, acusado de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

También se oponen a la privatización del agua en Puebla, a minas a cielo abierto, hidroeléctricas y parque eólicos.