Seis candidatos a integrarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudieron ayer ante dicho organismo para exponer su propuesta de trabajo, entre ellos el funcionario mexicano Joel Hernández García, quien es rechazado por organizaciones civiles que ponen en duda su capacidad para desempeñar el cargo.

Durante el encuentro, Hernández evitó hacer pronunciamientos claros respecto de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y subrayó que ésta y la protección de los derechos humanos no deben ser vistos como labores contrapuestas.

Debe verse cómo el Estado realiza sus funciones de seguridad pública con pleno respeto de los derechos humanos. También debe hacer una introspección de cómo ciertas normas o medidas de seguridad pública han sido contraproducentes para avanzar en el tema de los derechos humanos, indicó.

En su participación, el actual director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la Organización de las Naciones Unidas puso por delante su experiencia de 25 años en el servicio diplomático y agradeció el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil en su labor.

Aunque Hernández manifestó su preocupación por el avance de la corrupción, la inequidad y la pobreza en todo el continente, no contestó las preguntas sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Al escuchar esa misma interrogante, otros candidatos al puesto de comisionado de la CIDH se dijeron en favor del derecho al aborto y del respeto a la identidad y preferencia sexuales.

De igual manera, el también ex representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que dejará su cargo a partir del 1º de junio para garantizar su imparcialidad y que renunciará a su puesto si es elegido nuevo integrante de la CIDH para el periodo 2018-2021.

En marzo pasado, diversas organizaciones civiles de derechos humanos pidieron al gobierno mexicano que retire la candidatura de Hernández García, presentada en febrero de este año por el presidente Enrique Peña Nieto.

El hecho de que el diplomático haya sido propuesto por el Ejecutivo, sin que mediara ninguna consulta entre los colectivos de la sociedad civil y sin transparentar los criterios de selección, subrayaron, pone de manifiesto una política encaminada a socavar la independencia e imparcialidad de los organismos internacionales de derechos humanos.

De igual manera, organizaciones como los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Derechos Humanos de las Mujeres, entre otras, consideraron que sin perjuicio de sus conocimientos diplomáticos, Hernández no cumple los requisitos de independencia y experiencia en el campo de la protección y defensa de las garantías individuales.

Además de Hernández García, los candidatos al puesto son Gianella Bardazano, de Uruguay; Horacio de Casas, de Argentina; Flavia Cristina Piovesan, de Brasil; Antonia Urrejola, de Chile, y Douglas Cassel, de Estados Unidos.

Los seleccionados remplazarán a los comisionados James L. Cavallaro, de Estados Unidos; José de Jesús Orozco Henríquez, de México, y Paulo Vannuchi, de Brasil.

En el proceso para obtener los votos necesarios, los aspirantes se reúnen con funcionarios y representantes de la sociedad civil, pero la decisión final será tomada en la asamblea general ordinaria de la OEA, que se llevará a cabo del 19 al 21 de junio en México, cuando los estados miembros elegirán a los tres nuevos integrantes entre los seis candidatos.

El encuentro de ayer fue promovido por la Fundación para el Debido Proceso, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Open Society Justice Initiative y el Diálogo Interamericano.