En materia de derechos humanos, el Estado mexicano tiene un discurso un tanto esquizofrénico, pues mientras ante la comunidad internacional abandera, propone e impulsa políticas e iniciativas en favor de las garantías individuales, en lo interno el país vive desde hace tiempo en una prolongada crisis de violaciones graves, en medio de la impunidad y colusión de las mismas autoridades, señaló Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.

En entrevista, alertó sobre el riesgo de que México todavía no haya tocado fondo en materia de violaciones de derechos humanos, pese al elevado y creciente número de homicidios, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura, entre otros.

Me encantaría tener más esperanzas, pero el contexto y la realidad no lo permite, dice la abogada mexicana, especializada en derecho penal y problemas sociales comparados.

Reneaum Panszi asumió el cargo el pasado 3 de febrero, luego de haber sido asesora principal del secretariado ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, desde donde mantuvo una constante relación con los temas de defensa de las garantías individuales en México y países de América Latina.

–Desde su perspectiva, ¿qué tan grave es la situación que vive el país en la materia?

–Es grave; la situación no ha cambiado desde hace varios años, e incluso se ha enrarecido y empeorado. En el informe de AI presentado en febrero hay varios elementos que muestran evidencia empírica de esto: el número de homicidios durante este sexenio ha aumentado de manera notoria, al igual que el de desaparecidos, ya que hace dos años la cifra era de 22 mil, y hoy casi son 30 mil. Pero hay un tema que es cada vez más evidente: la responsabilidad de fuerzas policiales y del Ejército en temas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias.

–¿Las autoridades mexicanas tienen clara esta situación de crisis?

–La tienen clara. Por primera vez el Estado mexicano respondió el informe presentado por AI, reconociendo que había efectivamente una situación grave de violaciones, pero que estaban haciendo algo para atenderla. La respuesta es interesante, y al mismo tiempo compleja, porque dentro del gobierno hay personas con las que nos podemos sentar a dialogar en cualquier momento. Hay gente muy valiosa en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Gobernación, pero al mismo tiempo hay una lógica institucional que no hace funcionar bien la agenda de derechos humanos.

–¿Qué papel ha jugado y juega la guerra contra el narco en esta crisis?

–Tiene un rol muy importante, porque nos vino a poner en evidencia el binomio entre la impunidad y la violencia, es decir, la guerra primero fue una política del Estado de combatir el narco desde la perspectiva del sistema penal, y después nos puso en evidencia que detrás de esta perspectiva penal había muchos intereses que no nos dejaban avanzar a que las acciones fueran en favor de la sociedad. Poco a poco hemos visto también la complicidad de las autoridades y la penetración que el crimen organizado ha hecho de las instituciones.

–¿Adónde va el país con esta crisis?

–Creo que tenemos que hacernos esta pregunta en el contexto eminentemente electoral de 2017 y 2018. Con un crecimiento de la sociedad civil organizada y también un descrédito de los partidos. Esta pregunta tiene que ir complementada con la de cómo vamos a dialogar con quienes pretenden dirigir este país y cómo vamos a interpelarlos frente a la agenda de derechos humanos, porque tenemos que subir el nivel de la discusión y conocer dónde está la agenda sobre esta materia de todos los candidatos.

–¿Puede haber un peor escenario en materia de derechos humanos para el país?

–En su informe, AI adelantaba que podríamos estar en una situación con mucho más deterioro, una situación mucho peor si persiste el binomio de la impunidad y la violencia, es decir, si no somos capaces de hacer un ejercicio de acceso a la justicia, de transparencia y de derechos a la verdad. Creo, sinceramente, que sí, que el país puede estar en un espacio todavía peor.

–¿El país ha tocado fondo?

–Me encantaría decir que sí, pero mientras sigamos en una forma de diálogo donde las organizaciones señalan una y otra vez que hay violaciones a los derechos humanos y el Estado se dedique a desacreditar estas evidencias, creo que podemos decir que es muy probable que el país se dirija a un escenario más complicado. El riesgo está presente, me encantaría tener más esperanzas, pero el contexto no lo permite; ser optimista, sí, y hay que serlo para trabajar todos los días, pero esperanza, no, no hay que ser tan inocentes.

–¿Qué tanto se ha dañado o deslegitimado el prestigio de México en el extranjero con esta crisis?

–Hay una respuesta de claros y oscuros. Evidentemente desde los organismos internacionales se tiene muy claro que México está en una grave crisis de derechos humanos. Pero también hay un claro entendimiento de que en la región es uno de los países más importantes; impulsa iniciativas y es un aliado para otras naciones.

Es obvio que hay un entendimiento desde afuera que estamos en una grave crisis, pero también se sabe desde la diplomacia que México sigue siendo un país estratégico en la región, concluyó.