Desde hace casi cinco años, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra del ex magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que exista ninguna determinación jurídica.

En tanto que la investigación iniciada en el Consejo de la Judicatura Federal se desarrolló casi al mismo tiempo, y luego de más de cuatro años, el órgano del Poder Judicial de la Federación determinó destituir a Luna Altamirano, quien favoreció con sus fallos a personajes como Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, e Iván Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, entre otros.

Como juez, Luna Altamirano llegó a señalar que pasaría a la historia por ser quien decidiera la extradición del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, un integrante de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), de Argentina; sin embargo, su actuación como magistrado quedó marcada por la decisión del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo encontró responsable de cometer delitos contra la administración de justicia que favorecieron a integrantes de la delincuencia organizada.

Aunque la indagatoria de la PGR continuó, a partir de dos declaraciones de un testigo protegido, fue hasta julio de 2014 cuando formalmente el Poder Judicial de la Federación denunció a Luna Altamirano ante el Ministerio Público Federal, luego de detectar que realizó operaciones bancarias consideradas inusuales.

El ex magistrado habría incurrido en actos ilícitos en la tramitación y resolución de 12 apelaciones y juicios de amparo identificados con los números 57/2008, 136/2009, 95/2010, 451/2010, 21/2011 y 446/2011, así como en los juicios de amparo 19/2009, 44/2009, 3/2009, 19/2011, 5/2011 y 25/2011.