La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, encabezada por el PVEM, aprobó un dictamen que impedirá a ciudadanos y políticos defenderse legalmente cuando sean difamados en medios de comunicación electrónica.

Además, el documento se incluirá en la orden del día de la sesión plenaria con un cambio sustantivo en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que permite la transmisión de publicidad o propaganda como información política.

En el dictamen desaparecen los códigos de ética y los defensores de las audiencias previstos en los Lineamientos generales para la defensa de las audiencias, aprobados por el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El dictamen señala: se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión haya sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia.

Con esta decisión se abre la puerta para que los concesionarios, en su código de ética, señalen los elementos y prácticas que observarán para evitar incurrir en la prohibición de transmitir publicidad como información política.

El artículo 258 de la LFTR garantiza a los propietarios de concesiones decidir si dan a conocer sus normas éticas, allanándose al principio de la autorregulación: “Tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias…

El código de ética se difundirá en el portal de Internet (…) será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o a la revisión previa o posterior del IFT o de otra autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar del mismo instituto u otra autoridad.

Así, la reforma que los diputados aprobarán con el respaldo de PRI, PVEM y PAN garantizará a los propietarios de medios derechos y libertad de expresión, que hasta hoy tienen límite mediante la defensa de las audiencias. En ese tema también se resta al IFE cualquier capacidad de control sobre la radio y la televisión:

Los lineamientos que en su caso emita el instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, programática y editorial, “y se evite cualquier tipo de censura previa sobre los contenidos.

El IFT no podrá regular los derechos de las audiencias más allá o en contravención de lo previsto, y en ningún caso se regulará de manera diferenciada en perjuicio de los contenidos generados en México respecto de los extranjeros.

Como remate a la nueva condición de las televisoras, en el artículo 259 se advierte que la actuación del defensor de audiencias se sujetará exclusivamente al código de ética del concesionario, y únicamente rendirá cuentas a la audiencia y a las instancias que, en su caso, prevea el código de ética.

Es decir, el control de los concesionarios sobre quién los vigile será total, pues ellos designarán libremente al defensor de la audiencia, sin que el instituto u otra autoridad tengan facultades para intervenir y opinar de manera previa o posterior a ello.

Se espera que los diputados enlisten para hoy, en la Gaceta Parlamentaria, la reforma a la citada ley o a más tardar el viernes.