Aunque sólo restan ocho días al periodo de sesiones, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, sostuvo que el Senado debe cumplir con el compromiso de nombrar al fiscal anticorrupción antes de cerrar actividades legislativas.

De manera sorpresiva, ya que tanto los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera; de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, y del Trabajo (PT)-Morena, Manuel Bartlett, consideran que ya no hay tiempo para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y lo mejor es que quede pendiente para un periodo extraordinario, ayer Gamboa apremió a cumplir con esa responsabilidad antes del 30 de abril.

En un comunicado, Gamboa Patrón difundió que el PRI en el Senado ratifica su decisión de cumplir con el compromiso acordado en la Junta de Coordinación Política, para que en los próximos días el pleno discuta y elija al fiscal anticorrupción.

El PRI no condiciona ni pretende cambiar la ruta y el calendario establecidos por la ley para la elección del fiscal, porque es una pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. Insistió en que es una obligación del Senado respetar las reglas y concluir la ruta trazada para nombrar al fiscal.

Pocos avances

En entrevista aparte, el senador Miguel Barbosa, del Bloque Parlamentario, comentó que no hay condiciones para elegir al fiscal, luego de la decisión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, de emitir el miércoles pasado un decreto que crea una fiscalía dependiente del gobierno federal.

A su juicio, se aprovechó que en el Senado no avanzó la reforma constitucional para impedir el pase automático de Cervantes a la Fiscalía General de la República –que sustituirá a la PGR– ni la ley orgánica de esta última, para crear por decreto un marco jurídico para un fiscal anticorrupción que siga las instrucciones del gobierno federal.

Bartlett resaltó que todo es una farsa, ya que fueron el PRI y el gobierno los que obstaculizaron concretar la ley orgánica de la Fiscalía General, la que de acuerdo con la reforma constitucional de 2014 debe ser autónoma del Poder Ejecutivo. No quieren combatir de verdad la corrupción, sostuvo.