no de los comentarios más frecuentes en redes sociales después de conocerse la aprehensión del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte ha sido que la red de corrupción es enorme y que por ello hay muchos duartes a los que nadie ha detenido y ni siquiera están buscando.

Ello es consecuencia de la pavorosa impunidad que caracteriza a México y que funciona de incentivo para que la delincuencia crezca y se diversifique. Después de años de haber prometido la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción, no ha sido nombrado el fiscal federal a quien corresponderá la persecución de ese delito ni se han integrado las instancias estatales del ramo. El lamentable estado en que se encuentran las dependencias encargadas de procurar e impartir justicia es la explicación de su escasa credibilidad ante los ciudadanos.

La única manera de que las autoridades recuperen la confianza es que terminen ya con la impunidad de la multitud de políticos de todos los partidos. En esta materia es muy cierta la frase de que una golondrina no hace verano, aunque se llame Javier Duarte.

Por otra parte, la notoriedad del caso provocará que muchos reflectores sigan de cerca el proceso judicial contra Javier Duarte, lo que presionará a los actores para que sea ejemplar y nos ahorren la vergüenza de verlo en libertad por la incapacidad (¿o complicidad?) de los fiscales encargados del caso. En el proceso judicial contra el ex gobernador de Veracruz también veremos si de verdad el nuevo sistema de justicia penal está preparado para combatir la corrupción política.

También vale la pena reflexionar sobre si la corrupción en que han incurrido algunos gobernadores y munícipes en fechas recientes obliga a repensar el federalismo mexicano.

Si los poderes del Estado no son capaces de amputarse sus partes corrompidas, la gangrena no se detendrá y sólo nos quedará el recurso de la acción directa de los segmentos sanos de la sociedad. Falta cada vez menos tiempo para verlo.