n su primera audiencia pública en una sala judicial guatemalteca, Javier Duarte de Ochoa mostró rasgos de conducta entre infantiloides y desparpajados que, además de reflejar el natural torbellino interno que su situación ha de provocarle, pueden inscribirse en el contexto de la convicción de muchos mexicanos con poder (político, económico, criminal) de que, a fin de cuentas, la teatralidad jurídica en su contra sólo ha de ser un circunstancial trago amargo, superable en el corto o el mediano plazo, en tanto cambian las condiciones coyunturales que les hicieron caer en desgracia.

No le faltan razones al ex gobernador para asumir posturas displicentes. La plantilla de colaboradores que le acompañó en la larga noche veracruzana sigue intocada en lo general, aunque piezas notables han llegado a prisión, como el interino Flavino Ríos, el peligroso Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de inseguridad pública; Francisco Valencia, quien fue secretario de obras públicas y director de la Comisión Estatal del Agua, y Mauricio Martín Audirac, quien ocupó la secretaría de finanzas y planeación. Cuatro personajes de primer nivel, es cierto, pero una cantidad insuficiente, representativa, si acaso, de la colusión criminal masiva que se vivió en diversos ámbitos de poder. La dimensión del daño causado a la sociedad veracruzana no puede quedar circunscrita sólo a las fichas de tres ex funcionarios y dos exgobernadores (Flavino Ríos, además de ser interino por unas semanas, fue secretario general de gobierno en el último tramo de Duarte). Otros cómplices se mantienen políticamente vigentes, varios de ellos como diputados.

Los Duartes reposados, relativamente despreocupados, deseosos de mostrarse invulnerables, no pertenecen solamente al sombrío terreno de la política veracruzana. En la cúpula de la administración federal en curso hay graves cuotas de responsabilidad de lo que ha sucedido (no solamente) en Veracruz. Para empezar, quienes han ocupado la secretaría de Hacienda, particularmente Luis Videgaray Caso, el muy encaminado precandidato presidencial de la Casa Blanca para México y, en menor medida, en términos proporcionales, pues ya no le tocó a plenitud el poder del gobernador Muerte, el actual secretario de ese ramo, José Antonio Meade (la carta opcional del dúo que pretende decidir la postulación presidencial priísta de 2018: Videgaray y el yerno de Trump, el comisionado especial para México, Jared Kushner).

Así fuera solamente por incapacidad manifiesta (que no fue sólo eso), varios órganos y personajes del poder ejecutivo federal, comenzando por su unipersonal depositario, Enrique Peña Nieto, permitieron que en Veracruz se desarrollara una de las peores historias de abusos, saqueo, corrupción y violencia criminal contra la sociedad, sin freno esos episodios tan denunciados con insistencia por diversas instancias, tolerado el amigo Javier, celebradas a carcajadas sus ocurrencias, desbordado comensal en el banquete del poder sexenal.

Por lo pronto, Duarte de Ochoa trata de aparentar que no está en contubernio con sus compañeros de jugadas políticas. Ha dicho en Guatemala que no ha decidido, aún, si acepta ser extraditado a México, en tanto no conozca el escrito exacto que al respecto presente el gobierno peñista. Sin embargo, denota asentimiento el fraseo del súbito niño Duarte (así gobernaba, entre desplantes de cesarismo capulinesco, entre risotadas y despotismo, permitiendo asesinatos, desapariciones, ratería, entre autocomplacencias e inconsciencia): no aceptar hoy esa extradición exprés no significa que no la acepte un poco más adelante (en YouTube, en la cuenta Julio Astillero, a la que los interesados pueden suscribirse, el autor de estas líneas ha puesto una videocharla en la que habla sobre tiempos y formas de este proceso de extradición, y sus consecuencias prácticas). A fin de cuentas, Duarte habrá de acomodarse a las líneas tácticas que sus amigos le tracen: soltar la lengua contra Morena y AMLO antes de las elecciones del estado de México (que parece lo más probable), o pasando éstas y ya entrando en el escenario de lucha súper libre de la presidencial 2018.

La picante tesis pinolera de que no hay chile que embone a los mexicanos, podría tener aplicación oportuna en el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba, el ex gobernador de Tamaulipas que fue detenido en Italia. Ayer, México y Estados Unidos anunciaron la decisión del primer país para propiciar que el político que fue priísta sea extraditado al segundo país. Tal determinación muestra el grado de subordinación de la instancia mexicana frente a los planes y decisiones de su imperioso vecino. Estados Unidos decidió aprehender a Yarrington y llevarlo a sus cárceles y a México no le ha tocado más que aceptar. En todo caso, EU le concede al claudicante peñismo el posterior envío temporal de Yarrington a México, luego que haya sido sentenciado en territorio gringo, y siempre y cuando las reglas binacionales vigentes en ese momento así lo permitan. Peor hubiera sido si México hubiese maniobrado para quedarse con el tamaulipeco, pues eso habría significado eventuales sanciones menores y probabilidades de evasión o benevolencias operativas.

En Coahuila, mientras tanto, los aspirantes a gobernar participaron en un debate que, a la hora de cerrar esta columna, se significaba por cortes de la transmisión, que seguidores del correspondiente candidato en turno adjudicaron a formas de censura; la lectura de textos preparados, como si los participantes no fueran capaces de improvisar en una confrontación abierta de posturas, y la presencia constante del moreirismo como punto de referencia, a pesar de que en esta ocasión el abanderado de ese grupo familiar no lleva tal apellido, pues se llama Miguel Ángel Riquelme. Por cierto, risible, si no fuera trágica, la exoneración que Rubén Moreira hizo de su hermano Humberto. ¡Hasta mañana!

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