La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en la intermediación de valores de deuda que emite el gobierno mexicano, mismos que pueden alcanzar hasta 100 mil millones de pesos por día.

La Autoridad Investigadora del organismo antimonopolios, a cargo del caso, encontró indicios de acuerdos para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, dividirse o segmentarse el mercado o para intercambiar información. Al mismo tiempo aclaró que la investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la actuación de ciertas empresas o agentes económicos, sino como una actuación de autoridad para verificar el cumplimiento de la ley.

De cualquier manera, la Cofece hizo un llamado para que cualquier persona que cuente con información al respecto coadyuve con la Autoridad Investigadora en el caso. Puntualizó que hasta el momento no se han identificado a los probables responsables de la investigación ni las presuntas violaciones cometidas contra la normatividad de competencia económica.

La comisión recordó que las prácticas monopólicas absolutas son contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.

Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, sostuvo que de existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario y a los inversionistas podría ser grave considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente cien mil millones de pesos diarios.

La investigación comenzó desde el 28 de octubre de 2016 y el periodo que abarca es anterior a la actual Ley Federal de Competencia Económica, publicada el 23 de mayo de 2014, ya que la Cofece precisó que el caso se fundamenta tanto en la legislación vigente como la que le antecede y que data del 24 de diciembre de 1992.

El plazo de la indagatoria es de 120 días hábiles, pero la ley permite a la Autoridad Investigadora ampliar el lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales. Si al concluir la investigación se encuentran elementos que presuman una violación a la ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento en forma de juicio para que se defiendan.

Si la Cofece determine la responsabilidad de los agentes económicos en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, entonces podrían ser multados hasta con 10 por ciento de sus ingresos y la sanción puede aplicarse también a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas.

En el caso de las personas físicas a las que se les encuentre culpables de haber participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, se contemplan sanciones penales de hasta 10 años de prisión.

Por el contrario, si en la investigación no encuentra elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno de la Cofece puede cerrar el caso.