El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), aseveró que si bien esta instancia tiene hasta finales de mayo para decidir sobre el desafuero Tarek Abdalá, tesorero del gobierno de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa, es probable que se adelante la aprobación del dictamen.

Aclaró que si de la investigación que se sigue al ex mandatario veracruzano surgen nuevos elementos contra el diputado Abdalá, no podrán ser admitidos, porque ya se cerró el periodo de instrucción.

En tanto, el juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal de Ciudad de México otorgó la protección de la justicia a Antonio Tarek Abdalá, por lo cual la Procuraduría General de la República (PGR) deberá informar al diputado federal por el PRI de todas las investigaciones que realiza en su contra, en las que se indaga su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y desviación de recursos públicos cuando participó en el gobierno de Duarte.

Por otra parte, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, insistió en que el PRI está protegiendo al ex tesorero. La sección instructora no se quiere mover. Recurre a la práctica de dejar pasar las cosas hasta que se van extinguiendo las posibilidades de realizar un juicio.

Asimismo, denunció que existe una red de complicidades en la cual están involucradas algunas personas que no quieren que los inculpados o las personas de las cuales se han hecho denuncias sean objeto de desafuero.

A su vez, Ramírez Nieto señaló que el plazo para dictaminar sobre el caso de Tarek Abdalá termina a finales de mayo y, por tanto, se encuentra en el marco temporal que establece la ley. Además, expuso que la mesa directiva de la Cámara de Diputados decidirá si se llama a periodo extraordinario de sesiones para conocer del tema.

De acuerdo con el expediente 1052/2016, Tarek Abdalá recibirá la información de los fiscales o agentes ministeriales que realizan las indagatorias, averiguaciones previas o carpetas de investigación, con la finalidad de que pueda ejercer sus derechos fundamentales de defensa al rendir sus informes justificados.