Madrid.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer ante los tribunales de justicia en calidad de testigo, en el juicio conocido como la trama Gürtel, que investiga una red de corrupción y tráfico de influencias del Partido Popular (PP) y diversas administraciones públicas donde gobernaba.

El mayor caso de corrupción política en la historia del país se empezó a investigar hace más de 10 años y desde entonces han sido imputadas por diversos delitos más de 2 mil personas, incluidos funcionarios, políticos y dirigentes de la derecha española.

Rajoy tendrá que responder en la sede la Audiencia Nacional a las preguntas de magistrados, fiscales y, si quiere, también a las de abogados de la parte acusatoria y la defensa. Se convertirá en el primer presidente del gobierno que comparece ante tribunales.

La trama Gürtel creció y floreció a finales del siglo pasado, cuando gobernaba con mayoría absoluta el derechista José María Aznar. Un grupo de empresarios afines ideológicamente al PP tejió una red de tráfico de influencias que, previo pago de comisiones, obtuvo numerosos contratos públicos, sobre todo en cuatro regiones controladas por el PP: Madrid, Valencia, Murcia y las Islas Baleares. En esas cuatro regiones se han registrado los casos de corrupción más graves de las décadas recientes, además de la de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Rajoy fue citado a declarar en la sede del tribunal, por lo que no podrá responder por Internet u otro medio tecnológico. La solicitud de comparecencia fue formulada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, que es parte de la acusación popular en la trama Gürtel. Antes de que el tribunal anunciara su decisión, el ministerio público reiteró su posición de que la comparecencia del jefe del Ejecutivo no era ni útil ni necesaria. La fiscalía consideró que la citación, además, sería redundante, mientras el abogado del Estado, Edmundo Bal, se adhirió a la oposición expresada por la fiscalía. No han surgido nuevos elementos durante el juicio que aconsejen la declaración. No han cambiado las circunstancias que determinaron la decisión inicial de no citar al presidente.

El PP señaló en un comunicado: consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente.

Desde el PSOE se advirtió que es normal que comparezca el presidente del gobierno, ya que la caja B del PP es una asignatura pendiente de la democracia española y Rajoy tendrá que dar explicaciones. Ciudadanos indicó que en el caso de que sea imputado, solicitaremos su dimisión, tal como se comprometieron, aunque de momento no es el caso. Por último, la formación emergente Podemos anunció que solicitará la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados para que explique su participación en la trama y en el juicio.