Nueva York.

El gobierno de Donald Trump está cumpliendo su amenaza de incrementar las detenciones de inmigrantes indocumentados con o sin antecedentes criminales, alimentando el clima de terror entre las comunidades e ignorando que la opinión pública mayoritaria rechaza las deportaciones y favorece la legalización de inmigrantes sin papeles.

Las detenciones de indocumentados con o sin antecedentes penales se incrementaron 32.6 por ciento en las primeras semanas del gobierno de Trump, en comparación con el mismo periodo del año pasado, en el gobierno de Barack Obama, pero se duplicó el total de los que no tienen una ficha criminal, reportó el Washington Post al obtener las primeras cifras sobre este asunto.

La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 21 mil 362 inmigrantes entre enero y mediados de marzo, comparado con los 16 mil 104 durante el mismo periodo en 2016. Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes llegaron a 5 mil 441. Eso, afirma el Post, es una indicación de que Trump ha abandonado la política de su antecesor de enfocarse casi exclusivamente sobre inmigrantes con antecedentes criminales.

Según el Post, el mayor incremento en el número de arrestos de inmigrantes sin antecedentes delictivos fue en Dallas, Atlanta y Houston, de acuerdo con los reportes de oficinas regionales de la ICE. Nueva York, Boston y Filadelfia tuvieron algunos de los más grandes incrementos en porcentaje (en comparación con el mismo periodo del año pasado).

Aunque la gran mayoría de los arrestados desde que llegó Trump a la presidencia tienen antecedentes penales, el incremento en detenciones de indocumentados que no han cometido ningún delito es preocupante no sólo para defensores de inmigrantes, sino incluso para agencias locales de seguridad pública que encuentran que el temor ha minado la confianza entre las autoridades locales y las comunidades.

John Kelly, secretario de Seguridad Interior, ha reiterado que aunque la ICE se enfocará sobre inmigrantes con antecedentes criminales y que representan una amenaza a la seguridad, ningún indocumentado será exento de la aplicación de las leyes de migración, tal como lo ha establecido Trump en una de sus órdenes ejecutivas que firmó en sus primeros días en la Casa Blanca.

Sin embargo, el número de deportaciones es más bajo, en 1.2 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2016 (54 mil 741 en enero, febrero y marzo), pero el número de no criminales deportados es más alto.

Estas cifras no superan algunos de los niveles marcados por el gobierno demócrata de Obama, incluyendo miles de inmigrantes sin antecedentes criminales. El número de arrestos por las autoridades migratorias en el mismo periodo en 2014 llegó a 29 mil 238, incluidos 7 mil 483 no criminales.

Al mismo tiempo, la opinión pública rechaza estas políticas. Una encuesta de CNN en marzo registró que casi dos tercios de estadunidenses apoyan la legalización de inmigrantes indocumentados empleados y 71 por ciento se opone a las deportaciones. Otra encuesta de McLatchy-Marist a finales de marzo registró que 83 por ciento favorece una ruta a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que aprendan inglés, paguen multas y cuenten con empleos en los que paguen impuestos. Encuestas anteriores de CBS News y NBC News ofrecen resultados parecidos. Mayorías también se oponen a la construcción de un muro fronterizo.

Pero por ahora, las políticas favorecidas por una minoría y fuerzas antimigrantes continúan definiendo la agenda del nuevo gobierno. Mas allá de las medidas implementadas por la ICE y el Departamento de Seguridad Interior al que pertenece, el procurador general Jeff Sessions ha girado órdenes para que el Departamento de Justicia también sea más activo en la persecución de inmigrantes.

Sessions, quien fue conocido como uno de los senadores más antimigrantes, fue a la frontera la semana pasada para afirmar la imagen de su país bajo amenaza por ilegales violentos, y ordenó a los fiscales federales dar prioridad a casos relacionados a la inmigración invitando la formulación de una amplia gama de cargos de delitos mayores, y la designación de algo llamado coordinadores de seguridad fronteriza en cada una de sus 94 oficinas en el país. Advirtió que esta es una nueva era, esta es la era Trump.

Por otra parte, el sistema judicial que ha congelado las medidas antimusulmanas por ahora no está ofreciendo protección a inmigrantes indocumentados. Este lunes la Suprema Corte rechazó una apelación de refugiados latinoamericanos –en este caso 28 madres y 33 menores de edad de Honduras, Guatemala y Ecuador que enfrentan una deportación inminente–, dejando en pie el fallo de un tribunal inferior que negó que tenían derecho a que su petición de asilo fuera sometida a una evaluación judicial federal. Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los solicitantes afirman que huyen de la violencia de género en sus países. Amnistía Internacional reprobó la decisión.