El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –coordinado por la Secretaría de Gobernación– condenó el asesinato del periodista Max Rodríguez Palacios y exigió al gobierno de Baja California Sur esclarecer el caso.El homicidio ocurrió la mañana del viernes en La Paz, capital de la entidad. Con éste suman ya cuatro homicidios en lo que va del año en contra de periodistas en el país.

Maximinio Rodríguez Palacios trabajaba para el portal de noticias y denuncias ciudadanas Colectivo Pericú, con la columna Es mi opinión. La junta de gobierno del mecanismo de protección exigió a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y la sanción a los culpables.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato y pidió al gobierno estatal que le otorgue medidas cautelares a los familiares de la víctima.

Indicó que integrantes de su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos ya se trasladaron a La Paz para conocer el estado que guarda la carpeta de investigación iniciada sobre el caso, así como analizar con el personal ministerial la necesidad de realizar acciones inmediatas para dar con los responsables.

En un comunicado, el organismo autónomo destacó que con el homicidio de Rodríguez Palacios son ya 124 periodistas asesinados en México. Recordó que en los próximos días convocará a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión de los gobiernos estatales a un encuentro para abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas.

En Baja California Sur, en la ciudad de Cabo San Lucas, el pasado 28 de marzo el periodista Julio Omar Gómez, quien está incorporado al mecanismo, sufrió un atentado en el que fue asesinado uno de los escoltas que lo resguardaba.

El mecanismo está en contacto con el Colectivo Pericú y otras personas cercanas al periodista para ofrecerles protección.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, habló con el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, para manifestarle la importancia de dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia, dijo Gobernación en un comunicado.

El funcionario alertó hace dos semanas de la carencia de presupuesto para la operación del mecanismo; por ahora toma recursos de un fideicomiso integrado desde hace cinco años; sin embargo, advirtió que de no autorizarse más fondos, el mecanismo no garantiza su operación hasta finales de 2017.