Los escándalos sobre la gestión del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa empezaron prácticamente desde el inicio de su administración (2010 a 2016), pero a principios de 2012 comenzaron a concretarse los indicios que, años más tarde, lo convirtieron en uno de los casos más emblemáticos de la corrupción en México.

En enero de 2012, dos de sus colaboradores, Miguel Morales Robles y Saíd Sandoval Zepeda, quien se identificó como miembro del equipo de seguridad del entonces gobernador, fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca, estado de México, cuando llegaban en un avión oficial procedentes de Xalapa con 25 millones de pesos en efectivo.

El entonces secretario de Finanzas Tomás Ruiz González aseguró que se trataba de recursos para el pago de diversas fiestas como La Candelaria, el carnaval y la Cumbre Tajín. El arresto de los dos funcionarios obligó a la renuncia de Vicente Benítez González, quien era tesorero de la secretaría de Finanzas estatal.

Las irregularidades continuaron. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió en octubre pasado 47 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) al detectar en una revisión a las cuentas públicas de 2011 a 2014, un presunto daño patrimonial conjunto por casi 12 mil millones de pesos. También se identificó una deuda pública de 45 mil millones que, con otros adeudos, ronda los 100 mil millones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó al menos 33 empresas fachada a las que el gobierno veracruzano otorgó contratos por más de 3 mil 300 millones de pesos.

La falta de pagos a proveedores, la denuncia de la Universidad Veracruzana por retención de partidas por 2 mil 470 millones de pesos y de personas de la tercera edad que padecieron incumplimiento de pagos, marcaron los últimos años de su gobierno.

En febrero de este año fue encontrada en Córdoba una bodega con documentos y bienes del ex Ejecutivo local, entre los cuales había pinturas, sillas de montar, una colección de balones de futbol, vajillas, sillas de ruedas y cajas con despensas.

Entre los objetos hallados llamó particularmente la atención en medios y redes sociales una libreta –supuestamente propiedad de la esposa de Duarte, Karime Macías–, donde aparece de forma repetida la frase sí merezco abundancia.

Meses antes, en octubre de 2016, la PGR cateó cinco inmuebles en Ciudad de México vinculados con Duarte en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Continuaron acumulándose los señalamientos contra su administración, no sólo por corrupción, sino por los altos índices de violencia, incluyendo los ataques a la prensa, pues durante su gobierno fueron asesinados en la entidad 18 periodistas.

Al final de su sexenio, el repunte de la violencia vinculada al crimen organizado era evidente. En agosto del año pasado, Veracruz reportó 296 homicidios, lo que colocó a la entidad como la más violenta del país y ocupó el segundo lugar en la desaparición de personas.

Nueva generación

Duarte de Ochoa, quien es el segundo ex gobernador detenido por probable desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con la delincuencia organizada en esta semana –Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas fue arrestado en Italia el pasado lunes– también fue considerado por el entonces candidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, en mayo de 2012, como parte de una generación nueva de políticos priístas, quienes representan el proceso de renovación del tricolor.

En esta camada de jóvenes representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Peña Nieto también incluyó a César Duarte, entonces gobernador de Chihuahua, hoy también prófugo y acusado de peculado, y a Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, quien enfrenta denuncias ante la PGR por la venta irregular de predios en dicha entidad.

En noviembre pasado, Duarte de Ochoa estaba lejos de ser considerado un símbolo de renovación priísta. Durante la campaña electoral para el relevo en la gubernatura arreciaron las denuncias y acusaciones en su contra.

En marzo de 2016, el entonces candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, interpuso una denuncia contra Duarte, y para julio de ese año priístas solicitaron su expulsión del PRI. A finales de agosto, José Antonio Mansur Beltrán, delegado de la Secretaría de Economía en la entidad, renunció, luego de que se le ligó como prestanombres del entonces gobernador con diversas propiedades en Estados Unidos.

En enero de este año, Yunes Linares presentó otra denuncia ante la PGR contra Duarte de Ochoa y el ex gobernador priísta Fidel Herrera Beltrán (2004 a 2010), en cuya administración el ahora detenido en Guatemala se desempeñó como secretario de Finanzas estatal, por la compra de medicamentos apócrifos para el tratamiento de cáncer a niños.

La carrera política de Duarte de Ochoa también se vincula con el ex cónsul de Barcelona, de quien fue secretario particular cuando Herrera fue diputado federal. Duarte también compitió por una diputación federal que ocupó en septiembre de 2009.

Entre los ex funcionarios de alto nivel del gobierno de Duarte que hoy se encuentran detenidos se puede mencionar a Flavino Ríos, quien ocupó la gubernatura interina del estado cuando Duarte pidió licencia al Congreso local para dejar su cargo. Fue aprehendido el 12 de marzo, acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad por facilitar la huida en un helicóptero del ex mandatario en octubre de 2016.

También han sido aprehendidos Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas; Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública; Francisco Valencia García, ex secretario de Comunicaciones y ex director de la Comisión del Agua de Veracruz.

Otros ex servidores públicos durante el sexenio duartista que fueron arrestados, pero que recuperaron su libertad gracias al pago de fianzas, son Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Anselmo Estandía Colom, ex presidente municipal de Boca del Río; Felipe Sosa, ex director de Gobernación en el ayuntamiento de Boca del Río, y Graciela Tejeda Martínez, regidora novena de la ciudad de Boca del Río e hija del líder estatal de la CROC.

En el caso de Domingo Yorio Saqui, director general de Catastro y Valuación del gobierno de Veracruz, quedó vinculado a proceso por haber supuestamente ocultado información a las autoridades federales sobre los propiedades de Duarte y su círculo más cercano.