La liberación del dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, comprueba el uso discrecional del aparato de justicia para beneficiar a personajes ligados al poder y ocultar así complicidades de los gobiernos del PRI y el PAN en el saqueo de Petróleos Mexicanos (Pemex), advirtieron los coordinadores de PRD y PT en el Senado, Dolores Padierna y Manuel Bartlett, respectivamente.

Yáñez abandonó la prisión, en la que estuvo sólo dos años y seis meses, gracias a la negligencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que desde la época en que Jesús Murillo Karam fue titular de esa dependencia no actuó a fondo contra Oceanografía, tras demostrarse que utilizó documentos falsos derivados de su relación contractual con Pemex y que defraudó a Citigroup-Banamex, recalcó la perredista.

La senadora Padierna expuso que el empresario logró salir de prisión pese a que el fraude contra Citigroup –por 5 mil 312 millones de pesos– es un delito grave, que alcanza una pena de ocho a 15 años de prisión, debido a que la PGR no presentó ante el Ministerio Público el monto del quebranto causado por Oceanografía.

Tanto la PGR como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han actuado como lo hizo el fiscal Eric Holder en Estados Unidos, al librar de la cárcel a delincuentes de cuello blanco de Wall Street, responsables de una crisis económica mundial. Su argumento fue que perseguirlos era inconveniente, ya que ello afectaría a muchas familias que dependen de las empresas dirigidas por los imputados.

Son palabras llenas de cinismo; esa tesis se aplicó en el caso de Amado Yáñez, quien fue excarcelado luego de obtener un beneficio que se otorga sólo a quien fue privado de la libertad por delitos en torno a cantidades irrisorias.

Por separado, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, comentó que es indignante la forma en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha protegido al dueño de Oceanografía, quien desde los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se benefició con contratos fraudulentos con Pemex, empresa a la que saqueó impunemente.

El gobierno federal ni siquiera valoró el monto total del daño que Oceanografía provocó a Pemex, en contubernio con funcionarios de esa empresa que en los pasados tres sexenios se beneficiaron con contratos no cumplidos, insistió Bartlett.

Padierna dijo que hubo un acuerdo entre Peña Nieto y el PAN para ocultar las dimensiones del saqueo sistemático que Oceanografía practicó a Pemex en el sexenio pasado y en el actual, en un esquema que utilizó a la entonces paraestatal como botín de guerra del partido ganador de la elección presidencial.

Recordó que el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo a los senadores de la comisión de investigación del caso que sus acciones buscaban proteger ante todo la plantilla laboral, evitando despidos masivos. La naviera tenía, vía outsourcing, 11 mil empleados.

“Sin embargo, la PGR no cumplió con su objetivo y Oceanografía fue a concurso mercantil. Los despidos continuaron y más de dos tercios de la plantilla laboral se encuentran hoy día en el desempleo. En tanto, Yáñez ha obtenido la libertad tras pagar 7 millones y medio de pesos con recursos mal habidos.

Por si fuera poco, en el proceso el juez anuló las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública a Oceanografía: la inhabilitación para concursar en contratos públicos, además de determinar nula la pena monetaria. Ello pese a que el IMSS y el Infonavit presentaron demandas penales contra la naviera por incumplimientos de obligaciones laborales, concluyó.