A punto de concluir la gestión de Roberto Sandoval de gobernador de Nayarit –y en medio de los cuestionamientos derivados de la aprehensión del fiscal Edgar Veytia–, el saldo de la revisión del manejo de sus recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca importantes subejercicios en materia de seguridad arrastrados desde 2013, además de irregularidades en el gasto educativo financiado con partidas federales e inconsistencias importantes en programas de salud.

Entre 2012 y 2015, del total de observaciones realizadas por la ASF –ascendieron a mil 712 millones de pesos– más de 50 por ciento aún no han sido subsanadas, pues aún hay 927 millones por acreditar. En su mayoría forman parte del gasto ejercido en 2013, con más de 632 millones de pesos, cuando el subejercicio en materia de seguridad fue acentuado.

De acuerdo con la auditoría practicada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de ese año –que a la fecha no se han justificado–, el gobierno de Nayarit no había ejercido 72 millones de pesos, con lo que se impactó de forma importante el cumplimiento de objetivos de un programa fundamental en sus diversas vertientes.

Uno de los rubros en donde se ejerció menos de la tercera parte –de los 17 millones de pesos asignados– fue el fortalecimiento de los controles de confianza de los funcionarios, pues sólo se gastaron 5 millones del monto destinado a examinar a los funcionarios del área de seguridad pública. Cuatro años después se aprehendió a Veytia en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

Otros rubros afectados por la falta de ejercicio del gasto fueron la formación de los centros de operación estratégica, el mejoramiento de las capacidades tecnológicas en los penales y la ampliación en Nayarit de la Red Nacional de Telecomunicaciones.

Al revisar los objetivos no alcanzados, la ASF reportó insuficiencias principalmente en huella balística y rastreo computarizado de armamento, genética forense, implementación de centros de operación estratégica, acceso a la justicia para la mujeres, fortalecimiento de las instituciones estatales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia e instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro.

Sobre los recursos de programas federalizados en el sector educativo, la ASF detectó la aplicación indebida del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, pues 20 millones de pesos fueron desviados para el pago de maestros asignados a trabajos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o a personal que no acreditó tener la capacidad.

Por lo que hace al sector salud, se reportaron subjercicios entre 2012 y 2015, que corresponden a las cuentas públicas que ya han sido fiscalizadas por la ASF y aún quedarán los dos últimos años de gestión de Sandoval. Por lo pronto, de los 927 millones de pesos observados, sólo 120 millones están en plazos de solventación, pues corresponden a la cuenta pública 2015.