El gobierno de México solicitó el martes pasado a las autoridades de Italia la detención con fines de extradicción de Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de estar involucrado con el crimen organizado, informaron ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Por otra parte, la PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron, en un comunicado único, que trabajan en una estrategia jurídica conjunta para asegurar que el ex mandatario, señalado por presuntamente haber aceptado sobornos de cárteles de narcotraficantes, enfrente a la justicia de ambos países, de conformidad con la fuerte colaboración que existe en esta materia.

En otro comunicado, la cancillería y la procuraduría explicaron que ayer funcionarios del país europeo y de México se reunieron para dar seguimiento al trámite de extradicción. También destacaron que la representación mexicana en Italia realizó gestiones propias para obtener información sobre la ubicación de Yarrington Ruvalcaba, a fin de estar en posibilidades de efectuar la visita consular que establece la Convención de Viena.

La dos dependencias resaltaron que el domingo pasado, el también ex presidente municipal de Matamoros fue detenido en Florencia, Italia, en cumplimiento a las fichas rojas presentadas por México y Estados Unidos.

Si bien la notificación roja, conforme al marco jurídico vigente en la nación europea, tiene fuerza de orden de aprehensión con fines de extradición, una vez satisfechos los requerimientos que establece el tratado bilateral en la materia se procedió a presentar vía diplomática la solicitud de detención provisional con fines de extradicción, por medio de la embajada de México en Italia, el 11 de abril de 2017.

El mismo día el Ministerio de Justicia italiano notificó oficialmente y de manera simultánea a las autoridades mexicanas y estadunidenses, sobre la audiencia y determinación de la corte de apelaciones de Florencia del 10 de abril, en torno a la legalidad de la detención del ex gobernador.

Ésta se llevo a cabo con base en las órdenes de aprehensión libradas por las autoridades judiciales de los dos países que requieren al ex funcionario y la sujeción del reclamado a la prisión preventiva.

De este modo, las dependencias desmintieron versiones periodísticas en torno a que México, por medio de su legación diplomática, sólo había pedido información sobre el inculpado, mientras la Casa Blanca ya había solicitado la extradicción.

A su vez, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la licencia de conducir tipo A, a nombre de José Ángel Márquez Pérez, que se le encontró al ex gobernador, no fue expedida por la Secretaría de Movilidad, por lo que presumió que el documento es apócrifo.

Cabe destacar qu Italia puede decidir a qué país enviar al ex gobernador. Los fiscales estadunidenses han señalado que éste aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió en bienes raíces en Texas. El ex mandatario era buscado desde 2012, cuando autoridades de Estados Unidos le imputaron nexos con grupos delictivos que operan en Tamaulipas y por lavado de dinero.