El activismo político de funcionarios del gabinete presidencial en los estados donde habrá elecciones en junio próximo y el uso de recursos públicos con fines electorales generó críticas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN).

El PRD señaló que, ante la persistente campaña del gobierno federal, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, de involucrarse en los procesos electorales en cuatro entidades –estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz– mediante el uso de programas gubernamentales, debe haber prudencia, y consideró que es irresponsable interferir en procesos democráticos.

La secretaria general perredista, Beatriz Mojica, aseveró que su partido ha promovido 16 denuncias por delitos electorales que se asocian principalmente a la malversación de recursos públicos.

Mojica hizo un llamado al presidente y su gabinete a que más allá de que se configure un delito electoral por la malversación de recursos públicos mediante la utilización de programas sociales con fines electorales, debe existir responsabilidad del gobierno federal para no interferir en los comicios locales.

A su vez, la senadora panista Laura Angélica Rojas informó que el próximo martes su partido presentará un punto de acuerdo, para exigir condiciones de seguridad y equidad en las campañas electorales, al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a los alcaldes de esa entidad.

Ello, destacó en conferencia de prensa, debido a la agresión que sufrió en Tlalnepantla el pasado domingo Xóchitl Gálvez, jefa de la delegación Miguel Hidalgo, cuando realizaba actos de proselitismo en favor de la candidata del blanquiazul al gobierno mexiquense, Josefina Vázquez Mota.

Cortina de humo

Por su lado, el PAN calificó de cortina de humo la denuncia que presentó en su contra la abanderada de Morena, Delfina Gómez. Consideró que es un intento de desviar la atención de los señalamientos que se le han hecho.

Entre ellos se encuentra la acusación de que tuvo en la nómina de Texcoco a parientes de Higinio Martínez, su jefe político, y que recibió 440 mil pesos por una indemnización que no le correspondía, pues no terminó su gestión, sino pidió licencia a la presidencia municipal para ser candidata a diputada.