on el de Tomás Yarrington Ruvalcaba son dos los golpes policiacos, dados desde el extranjero, que afectan en momentos electorales al Partido Revolucionario Institucional. El caso del fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, aprehendido y consignado en Estados Unidos, tiene consecuencias directas e inequívocas contra el interés en urnas de la organización de tres colores y favorece al candidato opositor más viable, el empresario Antonio Echevarría García, postulado por el PAN, con el apoyo poco productivo del PRD y otros partidos menores.

La detención de Yarrington, aun cuando la Procuraduría General de la República ha pretendido adjudicarse esa medalla insostenible y Los Pinos intenta hacer pasar el encarcelamiento como una muestra de voluntad política contra el crimen organizado, implica una magulladura a la de por sí muy maltratada estampa política de Enrique Peña Nieto y, en términos comiciales inmediatos, a las figuras del mexiquense Alfredo del Mazo (III) e incluso de los Moreira, por distanciados que estén Humberto y Rubén, y del aspirante a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en cuanto reafirman la convicción social de los nexos entre candidatos, financiamientos de campañas, resultados electorales oficiales y predominio criminal en el ejercicio de los gobiernos resultantes.

Durante largos años, Yarrington gozó de una peculiar indolencia de autoridades mexicanas, marcadamente durante las administraciones del citado Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón (quien armó revuelo procesal, pero no pasó de allí: por cierto, Marisela Morales, quien fue procuradora general de la República al final del periodo calderonista, encargada de ir judicialmente contra Yarrington y otros ex gobernadores, lo que no pudo hacer, es cómoda cónsul general en Milán, Italia).

Esa persecución de papel permitió a Yarrington moverse con relativa tranquilidad e incluso disponer de protección policiaca otorgada por el gobierno tamaulipeco del priísta Egidio Torre Cantú, llegado al poder luego del asesinato de su hermano Rodolfo, quien era candidato a la gubernatura y fue ejecutado por un comando que algunas voces aseguran había sido enviado por un cártel del crimen organizado al que se dice sirvió y protegió el mencionado Yarrington.

Nada hay que aliente la especie de que la captura de Yarrington, a la salida de un restaurante en Florencia, hubiese sido consecuencia de una presión justiciera por parte del gobierno de EPN. En todo caso, la PGR ha saltado de manera reactiva, con un propósito similar al manifestado en su momento con otro amigo, aliado y financista en problemas, el coahuilense Humberto Moreira, cuando fue detenido en Madrid en el contexto de acusaciones densas que luego se disolvieron de manera peculiar.

En un comunicado de prensa, la PGR ha pretendido asentar que la caída del tamaulipeco, nacido en Matamoros, fue una derivación de lo anteriormente hecho para que a escala internacional se buscara al economista graduado en el Tec de Monterrey. La información oficial de las autoridades italianas en ningún momento menciona tales presuntos esfuerzos mexicanos, ni los diarios de aquel país dan cuenta de algo parecido. En realidad, todos los datos del caso (fuera del ámbito controlado de la prensa mexicana) hablan de información y colaboración de autoridades de Estados Unidos.

Los Pinos no disputa solamente los hipotéticos laureles de la aprehensión de Yarrington sino, sobre todo, que éste sea extraditado a México. De ser enviado a su tierra nativa, Yarrington tendrá menos consideraciones que en Estados Unidos donde, además, las sanciones serían notablemente superiores. De ser tratado en México su caso, tal vez Yarrington podría estar en próximas elecciones como candidato a diputado local en Tamaulipas, postulado por algún partido joven.

Sin embargo, el caso de Yarrington, como el de Veytia en Nayarit, confirman lo muy sabido por la gran mayoría de los mexicanos en cuanto al ejercicio criminal del poder en la inmensa mayoría de las entidades federativas y sus relaciones de, cuando menos, complicidad, con niveles federales del más alto nivel.

Aun cuando algún invertebrado asomo de estrategia peñista estuviese buscando colocarse preseas de supuesto combate a la corrupción en niveles nunca antes vistos (varios declarantes de oposición al PRI creen que lo de Yarrington es una jugada electoral de limpieza de cara), lo cierto es que los expedientes tamaulipeco y nayarita consolidan la percepción general de que las administraciones priístas (pero también las panistas y las perredistas) se mueven en consonancia, dependencia y complicidad con lo que suele llamarse el crimen organizado.

Ya se verá si la pelea por quedarse con Yarrington es ganada por la complaciente autoridad mexicana (el propio Peña Nieto desestimó años atrás las acusaciones contra el tamaulipeco, y en las redes sociales es frecuente ver una fotografía donde se ve a los dos priístas, sonrientes, amigos, a bordo de un vehículo) o por la autoridad estadunidense. En Ciudad Madero fue detenido el pasado 10 de marzo Guilio Perrone, a quien se identificó como capo de primer nivel de la Camorra (la mafia napolitana), buscado por la Interpol, quien tenía unos 10 años viviendo de manera irregular en México. Un mínimo agradecimiento de los italianos debería invitarlos a devolver a Yarrington a México, como éste envió de inmediato a Perrone a su patria.

Pero es probable que Estados Unidos gane, como en otros rubros, la batalla a México, sobre todo si se toma en cuenta que bienes de Yarrington, aparte de los que ya se le han decomisado, están en juego. También será interesante ver si las detenciones de Perrone y Yarrington permiten al rebasado gobernador panista actual, Francisco García Cabeza de Vaca, establecer algo de orden en esa entidad donde el dominio de los cárteles está tan desbordado como en los peores momentos de las administraciones priístas de una entidad donde, además de Yarrington, ejercieron el poder Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y el citado Torre Cantú. ¡Hasta mañana!

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