Morelia, Mich.

La región purépecha vive momentos complejos, está agraviada por el crimen organizado, por la pobreza, que implica la devastación de los bosques; por un estado de derecho que no existe, pero la médula de eso es la falta de interés de un gobierno por las comunidades que han resistido por más de 500 años, aseguró Gabriela Arias, catedrática de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), al comentar sobre la reciente incursión policiaca en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, que dejó un saldo de al menos tres muertos y 10 detenidos.

El 45.8 por ciento de la población de Nahuatzen carece de derechos sociales; 81.4 por ciento vive en situación de pobreza; aproximadamente 9 mil de sus poco más de 25 mil habitantes padecen pobreza extrema; 35.4 no tienen seguridad alimentaria, 78.5 por ciento carecen de servicios básicos y 82.2 por ciento cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Nahuatzen, en la comunidad de Arantepacua –donde el miércoles pasado hubo una incursión policiaca que dejó un saldo de al menos tres muertos y 10 detenidos– la mayor parte de los jefes de familia se dedican a la elaboración de muebles y artesanías. Pero al igual que los habitantes de toda la región de la meseta, tienen problemas con el desabasto de la materia prima, comentó el presidente municipal Miguel Prado.

Hace 16 años la meseta purépecha había perdido casi 50 por ciento de sus 1.5 millones de hectáreas de bosque. Actualmente las afectaciones superan 60 por ciento. Los motivos: la tala ilegal, la existencia de 537 aserraderos, la devastación hormiga a cargo de miles de artesanos, el robo de madera entre comunidades y el cambio de uso de suelo para la agricultura, en especial la siembra de aguacate, que ha destruido más de 20 mil hectáreas en la década reciente, sin contar la ampliación de zonas urbanas.

Pero la mayoría de los habitantes de la meseta ya no tienen tierras o deben repartirlas entre sus descendientes, según datos de la Comisión Forestal de Michoacán. Tan sólo en Nahuatzen hay 67 pequeñas industrias forestales para la fabricación de muebles y artesanías, y el resto para la elaboración de cajas de empaque y otros productos.

Según datos de la Procuraduría Agraria, de las 64 comunidades de la meseta purépecha, más de 40 tienen algún problema por la posesión de la tierra, incluso en conflictos como el de Arantepacua, que se supone estaba resuelto, se vuelven a recrudecer.

Adán Ávalos García, rector del plantel Pichátaro de la UIIM, comentó que alumnos y maestros de la institución viven en esa región, por lo que les preocupa lo que pasó el miércoles pasado en Arantepacua.

Es un problema de más de 70 años por la posesión de más de 500 hectáreas entre Capacuaro y Arantepacua. La resolución del tribunal tardó más de 40 años en llegar. Lo irónico es que mientras sesionaba la mesa de diálogo (entre comuneros y autoridades) se suscitaron los hechos violentos.

El rector Ávalos García vino a Morelia a solicitar a las autoridades estatales la liberación de Elpidio Jiménez Madrigal, profesor físico-matemático detenido por fuerzas federales y estatales durante la operación policiaca del miércoles. El único delito que cometió fue vivir en la orilla de Arantepacua, donde entró la policía y fue ultimado su tío.

El maestro Vicente Vidales Guzmán indicó que Elpidio fue uno de los 10 detenidos el pasado miércoles luego de una balacera. Según su narración, “Xóchitl Madrigal, madre de Elpidio, dijo que ella y su hijo estaban dentro de su hogar a punto de comer. Se escucharon pasos de policías y personas gritando; los agentes estuvieron un buen rato en el patio de su hogar y ella le pidió a su hijo que no hiciera nada.

Sin más irrumpieron violentamente a su casa y sometieron a su familia, no hubo enfrentamiento, fue un allanamiento total, no sabemos si hay una orden por escrito. Detuvieron a su esposa e hijo en una patrulla, y más tarde los dejaron libres. Él no participó en ningún enfrentamiento y fue sacado por la fuerza de su domicilio.

El alumno de la UIIM Óscar Acevedo Guzmán comentó que Arantepacua fue objeto de “un acto de barbarie. Así lo consideramos mis compañeros y yo. Es triste que en redes sociales llamen a los comuneros delincuentes y decir que se lo merecían, que se lo buscaron. Son acusaciones sin fundamento que provocan frustración e impotencia. Tenemos profesores y alumnos de esa comunidad que saben que las cosas no sucedieron como contaron las autoridades. Vimos pasar más de 100 camionetas pick up con seis u ocho policías, iban con toda saña para Arantepacua.

Sabemos de la calidad humana de las personas que viven ahí; no creemos cuando se criminaliza a la comunidad, pues es una sociedad trabajadora, que lucha y vive en unión. No aceptamos la represión de la policía cuando se llevaba a cabo una mesa de diálogo, concluyó.