En las semanas recientes, profesores y alumnos de distintas escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han sido citados por funcionarios de la Dirección de Administración Escolar (DAE) de la casa de estudios, luego de que fueron detectados cientos de cambios irregulares de calificaciones en el Sistema de Administración Escolar (Saes), muchos de ellos hechos a cambio de dinero.

En documentos oficiales, de los que tiene copia este diario, consta que se ha pedido a los docentes que entreguen los exámenes y calificaciones originales que dieron a algunos alumnos, en cuyos registros académicos fueron detectados cambios.

Por ejemplo, en una de las sedes de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), fueron citados nueve profesores el 16 de marzo. Los directivos de la escuela y de la DAE les explicaron que se habían detectado 35 cambios de calificaciones con inconsistencias. Les pidieron su apoyo y los profesores entregaron los exámenes con los que evaluaron a los estudiantes en el último periodo de clases a título de suficiencia, que son los de las notas alteradas.

Esto es parte de las investigaciones que se llevan a cabo en el Politécnico respecto a la presunta venta de calificaciones, problema que enfrenta la casa de estudios, reconoció el jueves Enrique Fernández Fassnacht, director del instituto. Fuentes consultadas hablan de más de 3 mil casos en los que alumnos de licenciatura y bachillerato habrían pagado entre mil 500 y 4 mil pesos a personas que les ofrecían modificar las notas.

De acuerdo con fuentes oficiales, desde 2015 se detectaron irregularidades en el funcionamiento del Saes.

El abogado general del Politécnico, David Cuevas, dijo el jueves a representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) que en enero de aquel año se inició la revisión de un contrato que el IPN había hecho con una empresa para el rediseño del Saes.

El contrato, de acuerdo con politécnicos consultados, se otorgó sin licitación a la empresa estadunidense Modularis Inc entre septiembre y octubre de 2014, es decir, durante el paro estudiantil coordinado por la AGP que llevó a la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante, entonces directora del IPN.

El instituto pagó 2 millones 35 mil 800 dólares por un contrato que no se cumplió y la empresa pedía un segundo pago de más de un millón de dólares para concluir el sistema.

La revisión del contrato llevó a las autoridades del Politécnico a interponer denuncias penales y a ordenar una auditoría.

Esto nos permitió constatar que el sistema mismo tenía vulnerabilidades, que después se empezó a identificar que se reflejaban en la modificación de calificaciones por diversas razones, explicó el abogado en la reunión referida.

Fernández Fassnacht dijo a la AGP que además de la investigación, académicos del IPN están diseñando un nuevo Saes para evitar que se den nuevos casos de modificación irregular de calificaciones.