La ausencia de una estructura de protección a las mujeres en riesgo, así como la debilidad –o inexistencia– de protocolos de reacción inmediata para emergencias, son un foco rojo común en estados donde se ha emitido alerta de género o aquellos señalados por organizaciones civiles como territorios de alta peligrosidad.

Más de la mitad de las entidades del país han sido puestos en la mira por la presunta gravedad en materia de seguridad y justicia. La alerta más reciente fue emitida en Sinaloa. El grupo de especialistas que investigó el caso advirtió que el gobierno local no cumplió prácticamente ninguna de las recomendaciones emitidas seis meses atrás.

Hay otros casos, como el estado de México, al que se impuso una alerta de género hace año y medio y hasta ahora no se ha informado si cumplió las recomendaciones. Tanto grupos civiles como la propia Auditoría Superior de la Federación han advertido que el sistema actual no es expedito y, por tanto, no es efectivo.

Otro problema constante son las deficiencias en el acceso a la justicia, capacitación del personal responsable de atender los casos, fallas en los protocolos de investigación, escasa o nula reparación del daño, ineficientes bancos de datos, falta de presupuesto y, como se dijo, débiles políticas públicas y protocolos para emitir órdenes de protección acordes con diagnósticos del Instituto Nacional de las Mujeres y de la propia Secretaría de Gobernación.

Por ejemplo, hace un año fue conocido el diagnóstico en Sinaloa (de muy alta incidencia en delitos graves, especialmente homicidios dolosos); en junio de 2016 se entregó el informe al gobierno aludido y enseguida el Ejecutivo estatal aceptó las conclusiones y propuestas del reporte. Una vez transcurrido el plazo de seis meses fijado por la ley para aplicar cambios, los especialistas dieron su veredicto: El estado ha mostrado un avance casi nulo en las conclusiones y propuestas emitidas por el grupo de trabajo. No es posible visibilizar una política de estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Se añade en el informe, que derivó en la emisión de la alerta de género para cinco municipios sinaloenses, que el grupo de trabajo identificó falta de cumplimiento total de las propuestas: modelo de atención, programa de articulación entre las distintas áreas que forman parte de la procuraduría general de justicia encargadas de atender a las víctimas de la violencia.

Tampoco hubo avances en el protocolo para la emisión de órdenes de protección, modelo de análisis de riesgo, sistema de registro de las órdenes emitidas y mecanismos de seguimiento y evaluación.

Sinaloa se sumó esta semana a los estados con mayor riesgo para las mujeres, misma situación que se ha advertido en diversos municipios de Chiapas, los citados 11 del estado de México y cinco de Nuevo León. Igualmente, en ocho municipios de Morelos, 14 de Michoacán, siete más de Chiapas (con el nuevo reglamento de la ley en la materia), así como 11 de Veracruz.