Los cuestionamientos de legisladores, organizaciones sociales y académicos al nombramiento presidencial de Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no son sólo porque no reúne los requisitos legales para asumir el cargo, sino también por un eventual conflicto de intereses.

Hay preocupación de las organizaciones sociales debido a que Juan Carlos Pueblita, esposo de Merodio, es socio de la empresa Provera Lab, dedicada a la venta de información y que opera con grandes bases de datos, pues pudiera caerse en el escenario de tratar de obtener beneficios del Inegi, comentó el senador independiente Armando Ríos Piter.

Un dato adicional es que el senador del PAN Ernesto Cordero es también socio de esa consultora y por ello se excusó ya de participar en el proceso de ratificación.

Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, una de las dictaminadoras, Ríos Piter, conjuntamente con el senador del bloque parlamentario que se separó del PRD, Luis Humberto Fernández, y la panista Marcela Torres Peimbert, resaltaron que tiene que aclararse ese presunto conflicto de intereses de la candidata propuesta por Peña Nieto y coincidieron, en entrevistas por separado, en que el Senado no debe ceder ante las presiones del gobierno federal y rechazar el nombramiento.

El ex perredista preguntó directamente a Paloma Merodio sobre ese punto, durante la comparecencia de ésta ante las comisiones dictaminadoras. Le pidió precisar por qué en su declaración patrimonial más reciente no reveló ese posible conflicto de intereses que representa la empresa de servicios de datos de la que su esposo es socio fundador.

Merodio respondió que los servidores públicos tienen el derecho de reservarse hacer pública su declaración patrimonial, pero agregó: Con la empresa de mi esposo no existe conflicto de intereses, debido a que el giro de la empresa no tiene nada que ver con las evaluaciones que realizo hoy en la Sedesol.

Declaró que tampoco habría conflicto si es ratificada como vicepresidente del Inegi, porque la información del instituto es pública y la puede utilizar mi esposo, sus asesores y todos.

Al respecto, el senador Luis Humberto Fernández dijo que en este año en que han estado a debate temas sobre la información que genera el gobierno federal, entre ellas la referente a la medición de la pobreza, es absurdo que el Presidente envíe un nombramiento bajo sospecha por incompetencia y por conflicto de intereses.

Lo que más conviene al presidente Peña es retirar esa propuesta y hacer otra que no esté bajo sospecha. Es una necedad seguir pagando costos por colocar en puestos clave a sus afectos, ya que no ha acreditado que sea la mejor profesional en México para ocupar ese cargo.

Se pronunció por que se pida a Peña Nieto que remita otro nombramiento, que sea preferentemente mujer, pero con la capacidad técnica para ocupar un puesto de esa responsabilidad y que no esté señalada por conflicto de intereses.

En igual sentido se pronunció la senadora del PAN Marcela Torres Peimbert. Pidió a Peña Nieto remitir una nueva propuesta, de otra mujer que reúna el perfil y sea elegible, ya que insistir en el nombramiento de alguien que alteró su currículo sólo dañará la credibilidad del Inegi.

Ríos Piter compartió la preocupación y molestia del senador Juan Carlos Romero Hicks, por la postura del presidente del Senado, Pablo Escudero, de respaldar públicamente la ratificación de Merodio sin que las comisiones dictaminadoras hayan concluido su trabajo.