Las comisiones del PRD que resolverán los recursos interpuestos contra Alejandra Barrales por presunta violación a la norma interna están conformadas por las corrientes que avalaron su reincorporación como senadora, a pesar de que el artículo 111 de los estatutos establece que quien ostente la presidencia nacional no puede ocupar un cargo de elección popular.

Hace unos días, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, pertenecientes a la corriente Militantes de Izquierda, presentaron ante la Comisión Nacional Jurisdiccional una queja contra Barrales por haber regresado al Senado y demandaron que declare la imposibilidad legal de que continúe al frente del PRD.

Posteriormente, consejeros nacionales solicitaron a la comisión de vigilancia y ética que cancele la afiliación de la perredista por violar el estatuto y el reglamento de ética al omitir de su declaración patrimonial el lujoso departamento que adquirió en Miami.

Camerino Eleazar, secretario de organización del partido, informó que esta instancia partidista no puede imponer sanciones, sólo valora conductas y si considera que hay elementos susceptibles de sanción pone el expediente a disposición de la comisión jurisdiccional.

La de vigilancia y ética, sostuvo, es como de conciliación. Esta comisión está conformada por un integrante de Alternativa Democrática Nacional (ADN), uno de Nueva Izquierda, otro más de Foro Nuevo Sol y también de Izquierda Democrática Nacional (IDN), que apoyan a Barrales.

En tanto, la comisión jurisdiccional está conformada por representantes de IDN, Foro Nuevo Sol y ADN.