ientras se urde el plan para dar la puntilla al orden constitucional en Venezuela, se hacen públicas las conversaciones mantenidas entre el almirante Kurt Tidd, a la sazón comandante en jefe del U.S. Southern Command, con sede en Miami, y el actual secretario general de la OEA, en enero de 2016, Luis Almagro. El objetivo es coordinar la acción de los organismos regionales con un fin: dinamitar el poder legítimo del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Servicios de inteligencia, organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas de comunicación, prensa radio, televisión y redes sociales deben entrar en sincronía y asestar el golpe definitivo. ¿Cuál? Inaugurar un Estado paralelo, encabezado por el Parlamento, en manos de la oposición. La labor inmediata: sentar las bases para hacerlo viable. La estrategia: tensionar el Poder Judicial, desacreditar sus resoluciones, obligar al gobierno a tomar medidas de excepción y, de esa manera, justificar la intervención para salvaguardar, curiosamente, el orden constitucional.

El centro de maniobras es la embajada de Estados Unidos en Caracas. Allí se han reunido, infinidad de veces, los partidos de la MUD. Sus salones son un hervidero de reuniones. Militantes, empresarios y banqueros acuden a recibir instrucciones. Agentes con destino en América Latina viajan expresamente a vigilar su desarrollo. El contacto es Tenny Smith, militar de alto grado, perteneciente a la agencia de inteligencia para la Defensa, y Rita Buck Rico, adscrita a la sección de asuntos políticos de los servicios exteriores.

El tiempo corre, se busca dar un golpe de efecto a escala global. Durante 2016 y los meses transcurridos de 2017 se acelera la campaña internacional de las esposas y dirigentes del MUD pidiendo la libertad de Leopoldo López y otros, condenados por sedición y ser los responsables políticos del asesinato de 43 venezolanos durante las acciones conocidas como La salida.

Los viajes financiados por demócratacristianos, liberales y conservadores, entre otros, dan visibilidad a sus pretensiones. Las delegaciones han sido recibidas por alcaldes, parlamentarios e instituciones en Europa y América Latina. España se convierte en la sede exterior para las maniobras inaugurando una emisora de radio y televisión, financiada con donaciones generosas de PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Convergencia de Cataluña y otros. Ex presidentes de gobierno se suman a la trama. José María Aznar, Felipe González, César Gaviria, Uribe, Ricardo Lagos. Es la excusa para que tomen la palabra gobernantes en activo, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski. Iniciada la cruzada, le siguen Michel Temer, en Brasil; Mauricio Macri, en Argentina, y Enrique Peña Nieto, en México. Así se crea una atmósfera putrefacta, reforzada después del triunfo de Donald Trump. El liderazgo de todas esas maniobras será cedido cortésmente al gobierno de Peña Nieto.

Mientras tanto se prepara una campaña interna, cuyo eje es el Parlamento, hoy en manos de la oposición, que solicita la intervención extranjera, negándose a cumplir su función legislativa, que es: promulgar y desarrollar leyes. La maniobra tiene como finalidad transformar la Asamblea Nacional en Poder Ejecutivo.

Luis Almagro, a la sazón secretario general de la OEA, es el elegido para dar credibilidad al plan y transformar dicha acción en objetivo democrático. La fecha acordada: la celebración en marzo de 2017 de la reunión de la OEA. En ella se pediría aplicar la Carta Democrática, suspendiendo a Venezuela como país miembro, recordando un acto similar al acontecido con Cuba en 1962. Almagro, fiel corre, ve y dile del gobierno de Estados Unidos, desplegó toda su fuerza, junto con el representante de México, Luis Alfonso de Alba Góngora, a quien se atribuye el liderazgo del llamado grupo de los 15 países injerencistas. El objetivo: la firma de un documento que incluyera las tres demandas planteadas por la MUD, en complicidad con la OEA y el Comando Sur, para hacer caer el gobierno de Nicolás Maduro, fijar calendario electoral, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.

La solicitud de condena, desaprobación y aplicación de sanciones, entre ellos bloqueo, aplicación de la Carta Democrática y suspensión, bajo el pretexto de evitar una crisis humanitaria, fracasó estrepitosamente. Las presiones de Estados Unidos y Almagro no dieron resultado. La declaración final supuso en realidad un reconocimiento al diálogo emprendido por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Este traspié acelera el tiempo de la sedición. Ahora se pasa directamente a desconocer el orden constitucional, negándose, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y, de paso, bloquear las decisiones que competen al Poder Ejecutivo. Ese es el fondo de la controversia. No hay golpe de Estado, hay desacato de la Asamblea Nacional, en manos de la MUD. Autoinhabilitada para cumplir su función legislativa, el Poder Ejecutivo se ve obligado a tomar sus funciones, mecanismo democrático establecido en la Constitución Bolivariana. El resto es teatro mediático, escenificación y llamado a la desestabilización democrática por los diputados que han traicionado a su país pidiendo la intervención extranjera.